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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, solicitó y obtuvo licencia del Congreso local para separarse temporalmente de su cargo, en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre acusaciones de narcotráfico y delitos de armas presentadas por el gobierno de Estados Unidos. La solicitud, por un período superior a 30 días, fue aprobada en una sesión extraordinaria este sábado, y Yeraldine Bonilla Valverde, hasta ahora secretaria de Gobierno de Sinaloa, fue nombrada gobernadora interina.
Rocha, en un mensaje en video divulgado el viernes por la noche, rechazó categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmando que su licencia busca facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación . Insistió en tener la conciencia tranquila y defendió su trayectoria, asegurando que las acusaciones son falsas y dolosas . A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran , declaró.
El anuncio del gobernador se produjo poco después de que la FGR informara que, tras analizar la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra Rocha y otras nueve personas, no encontró pruebas suficientes para proceder. La FGR indicó que solicitará evidencias adicionales al gobierno estadounidense y continuará revisando el caso.
Estados Unidos acusó formalmente a Rocha y a otros nueve individuos incluyendo funcionarios y exfuncionarios de presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas, alegando una alianza con el Cartel de Sinaloa. Todos los involucrados han negado las acusaciones.
Rocha asumió la gubernatura de Sinaloa en 2021, siendo candidato del partido Morena, el mismo partido de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, durante su conferencia de prensa diaria el jueves, leyó un pronunciamiento en el que enfatizó que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero que la FGR es la instancia encargada de determinar si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso legal contra Rocha. Asimismo, Sheinbaum sugirió que el caso podría representar una acción injerencista por parte de Estados Unidos, que, según sus palabras, ha insistido desde 2025 en que México no está actuando con la suficiente firmeza contra las organizaciones criminales.
La situación plantea interrogantes sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La acusación contra un gobernador en funciones, y la posterior respuesta de las autoridades mexicanas, ponen de manifiesto las tensiones existentes y la complejidad de la cooperación en este ámbito.
La designación de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina implica un cambio en la administración de Sinaloa durante el período de investigación. Bonilla Valverde, como secretaria de Gobierno, ya tenía un conocimiento profundo de la estructura administrativa y los desafíos del estado, lo que podría facilitar una transición ordenada. Sin embargo, su nombramiento también podría generar expectativas sobre su postura frente a las acusaciones contra Rocha y su capacidad para mantener la estabilidad política en el estado.
El caso de Rocha se suma a una serie de controversias que han involucrado a funcionarios mexicanos en acusaciones de vínculos con el crimen organizado. En los últimos años, varios políticos y exfuncionarios han sido objeto de investigaciones similares, lo que ha generado un debate sobre la corrupción y la impunidad en el país.
La FGR enfrenta ahora el desafío de analizar exhaustivamente las pruebas presentadas por Estados Unidos y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso legal contra Rocha y los demás acusados. La decisión que tome la fiscalía tendrá implicaciones significativas tanto para la política mexicana como para las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Rocha, por su parte, ha expresado su determinación de defender su inocencia y de demostrar que las acusaciones en su contra son infundadas. Ha asegurado que no permitirá que el caso sea utilizado para afectar al movimiento político que representa Morena, conocido como la cuarta transformación . La cuarta transformación es un proyecto político impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, que busca transformar el país a través de una serie de reformas sociales y económicas.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca tanto en México como en Estados Unidos, y podría tener un impacto significativo en la lucha contra el narcotráfico y la cooperación bilateral en materia de seguridad. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para garantizar que se haga justicia y que se protejan los intereses de ambos países.
