CULIACÁN.- El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Díaz, solicitó una licencia al cargo por más de diez días, en medio de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz de las acusaciones vertidas por el gobierno de Estados Unidos, que lo vinculan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del cabildo, celebrada esta noche, donde se aprobó la separación temporal del edil morenista, quien no estuvo presente en las instalaciones del Ayuntamiento.
José Ernesto Peñuelas Castellanos, secretario del Ayuntamiento, presidió la sesión en la que se dio lectura a la carta enviada por Gámez Díaz. En la misiva, el alcalde expresó su confianza en las instituciones del país y justificó su solicitud de licencia como una medida para permitir el desarrollo de la investigación anunciada. "Con la plena confianza en el trabajo en las instituciones de este país, he tomado la decisión de solicitar una licencia temporal normal por más de 10 días, en tanto se lleva a cabo una investigación como la que hoy se ha anunciado", señala el documento.
La aprobación de la licencia por parte de los integrantes del cabildo se produjo poco después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también solicitara y obtuviera una licencia similar, en el marco de la misma investigación. La coincidencia en el tiempo de ambas licencias subraya la gravedad de las acusaciones y el impacto que están teniendo en la política local.
Durante la breve sesión del cabildo, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Sánchez, criticó la ausencia del alcalde, reprochándole no haber tenido el valor de enfrentar a los miembros del cabildo y a la población afectada por la violencia que ha azotado Culiacán durante casi dos años. Su comentario reflejó el clima de tensión y desconfianza que rodea el caso.
La responsabilidad del Ayuntamiento de Culiacán quedó en manos de Ana Miriam Ramos Villarreal, síndica procuradora, quien asumió el cargo de alcaldesa provisión durante el periodo de licencia de Gámez Díaz. Ramos Villarreal fue propuesta para el cargo en virtud de su trayectoria y cualidades, según se destacó durante la sesión del cabildo.
En declaraciones posteriores a la sesión, Ramos Villarreal confirmó que la separación temporal de Gámez Díaz se realiza en el contexto de las investigaciones iniciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Subrayó que las acusaciones que pesan sobre el alcalde, el gobernador y otras ocho personas, incluyendo legisladores federales y exfuncionarios, representan un acto de verg enza para la sociedad sinaloense, especialmente para aquellos que han sido víctimas de la violencia y que expresan su indignación en las calles.
La investigación de Estados Unidos, que salió a la luz pública recientemente, acusa a Gámez Díaz y a Rocha Moya de haber recibido apoyo financiero del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Las acusaciones incluyen presuntos pagos de campaña y sobornos a cambio de protección y favores políticos.
La FGR ha iniciado su propia investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de confirmarse, podría presentar cargos penales contra los implicados. La solicitud de licencia por parte de Gámez Díaz y Rocha Moya se interpreta como una estrategia para evitar conflictos de interés y facilitar el desarrollo de la investigación.
La situación ha generado una gran conmoción en Sinaloa, un estado que ya ha sido marcado por la violencia y la corrupción relacionadas con el narcotráfico. La población se encuentra dividida entre la incredulidad y la indignación, y exige transparencia y justicia en el caso.
La designación de Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisión representa un intento de mantener la estabilidad en el Ayuntamiento de Culiacán durante este periodo de incertidumbre. Sin embargo, la sombra de las acusaciones que pesan sobre el alcalde saliente y el gobernador del estado seguirá planeando sobre la administración local.
El caso de Juan de Dios Gámez Díaz y Rubén Rocha Moya es un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La colaboración con Estados Unidos en la investigación es un paso importante, pero la verdadera solución requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones. La sociedad sinaloense, y la mexicana en general, espera que se haga justicia y que los responsables de los actos de corrupción sean castigados. La continuidad de la investigación y sus resultados serán cruciales para restaurar la confianza en las autoridades y avanzar hacia un futuro más seguro y próspero.
