Al menos diez gremios empresariales, incluyendo la SNI, ADEX, CCL y Confiep, han demandado formalmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que someta a una auditoría exhaustiva los sistemas utilizados en las elecciones generales, tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en los preparativos para la segunda vuelta del 7 de junio. Esta solicitud surge tras la percepción de irregularidades evidenciadas en los comicios pasados, que según los empresarios, ponen en riesgo la confianza ciudadana y la estabilidad institucional del país.
El primer pronunciamiento, firmado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación Automotriz del Perú, CANATUR, Perú Cámaras, AGAP, la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES y la Sociedad Agrícola de Arequipa, expresó una profunda preocupación y un enérgico rechazo ante las irregularidades públicamente documentadas en las elecciones del 12 de abril. Los gremios enfatizaron que estas irregularidades no solo vulneran el derecho constitucional al voto libre, sino que también colocan al Perú en una situación de grave crisis institucional, con un daño potencial irreparable a la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
Como respuesta a esta situación, los empresarios demandaron la contratación inmediata de una firma auditora de reconocido prestigio internacional, encargada de evaluar los sistemas de la ONPE y la integridad de todos los procesos involucrados en las elecciones generales. Además, solicitaron el procesamiento y la sanción de los altos funcionarios responsables por el retraso en la distribución del material electoral, ya sea por acción directa o por omisión negligente.
En una medida complementaria, los empresarios exhortaron al establecimiento de un control concurrente integral del sistema electoral antes, durante y después de las elecciones generales. El objetivo principal de este control es garantizar resultados que reflejen fielmente la voluntad popular, especialmente en la segunda vuelta programada para el domingo 7 de junio.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se sumó a estas demandas, argumentando que la transparencia del proceso electoral es fundamental para la legitimidad democrática. En ese sentido, instaron a las autoridades electorales, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a adoptar una serie de medidas, incluyendo la realización de una auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales.
Asimismo, la Confiep solicitó a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que informen con claridad y oportunidad sobre las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta con plenas garantías para el ejercicio del voto y el correcto conteo de los resultados. También exhortaron a los organismos electorales a comunicar oportunamente sobre el cumplimiento de los hitos del proceso electoral, haciendo referencia específica a la distribución del material electoral, un punto crítico en las elecciones pasadas.
La candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, respaldó públicamente la solicitud de auditoría realizada por los gremios empresariales durante un evento proselitista en Pisco, Ica. Yo sí creo que toda medida que pueda corregir [los errores de la ONPE] será importante de cara a analizar los resultados de primera vuelta y, sobre todo, de cara a la segunda vuelta. Este pedido me parece importante y esperamos que esto [la auditoría] puede hacerse en estas semanas , declaró a la prensa.
José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos y experto en derecho electoral, consideró interesante que los gremios empresariales no se hayan sumado a las acusaciones de fraude ni a la solicitud de elecciones complementarias planteada por el candidato Rafael López Aliaga. Tello destacó que es positivo que hayan solicitado una auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE, enfatizando que todos los programas utilizados en el proceso electoral, desde la preparación hasta el conteo de votos, deben ser revisados para restaurar la confianza ciudadana.
Tello aclaró que la auditoría no debe detener el conteo de los resultados de la primera vuelta. Me parece saludable que la sociedad civil, a través del empresariado, intervengan y se conviertan en grupos de presión. Que ellos marquen una ruta, y pidan esta auditoría, es lo más adecuado, muchos ciudadanos piensan que ocurriendo cosas irregulares. Y si la ONPE no acoge este pedido contribuye a su distanciamiento con la ciudadanía , remarcó.
Sin embargo, Tello estimó que es muy complicado que la auditoría a los sistemas de la ONPE, incluyendo la licitación, la selección del auditor y la realización del trabajo, pueda completarse antes de la segunda vuelta. No obstante, señaló que el tiempo necesario para llevar a cabo la auditoría debe ser estimado por un experto en temas informáticos.
Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, afirmó que los procesos electorales son de interés público y que no solo los partidos políticos deben preocuparse por su transparencia, sino también los actores sociales. Por ello, consideró que la demanda de los empresarios para una auditoría a los sistemas de la ONPE es pertinente . Todos los softwares que desarrolla el Estado deben pasar por una auditoría y esto sirve para informar que lo que dice que hace su sistema es lo que hace y no solo quedarnos con la posición institucional, que es lo que ha hecho la ONPE , manifestó.
Iriarte señaló que las auditorías deben realizarse antes de los procesos electorales y que, si la ONPE ya ha realizado auditorías, no las ha informado públicamente. Además, explicó que la ONPE no solo utilizó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en las elecciones del 12 de abril, sino otros sistemas que también deben ser sometidos a una revisión independiente.
Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral, reconoció que los gremios empresariales pueden exhortar a una auditoría, pero que solo la ONPE tiene la capacidad de concretar esta medida sobre los sistemas que utilizó en las elecciones del 12 de abril. Añadió que la realización de una auditoría es poco viable debido a factores económicos y logísticos, incluyendo el tiempo necesario para llevar a cabo un proceso de licitación y selección de una entidad auditora internacional.
No obstante, Elguera señaló que la Contraloría, a través de su órgano de control interno (OCI), puede colocar los reflectores sobre los softwares utilizados por la ONPE en la primera vuelta. Añadió que el OCI está facultado para hacer recomendaciones, aunque no exigencias.
Finalmente, Elguera afirmó que una auditoría puede ser saludable para validar el proceso electoral, a pesar de sus fallas y errores. Evidentemente, no hubo una sistematización para cambiar la voluntad popular, este proceso [de auditoría] puede fortalecer a las instituciones electorales, que recordemos son la columna vertebral para sostener la democracia , concluyó.
