A 173 años de su sanción, la Constitución Nacional sigue siendo el pilar fundamental de la organización política y social argentina. El 1 de mayo de 1853, la Convención Constituyente reunida en Santa Fe aprobó el texto que define las bases del pacto social que constituye al país como una nación organizada en Estado. Esta fecha, que coincide con el Día del Trabajador y la conmemoración de los Mártires de Chicago, adquiere un significado institucional de primer orden para los argentinos.
La Constitución no es un documento del pasado, sino la norma jurídica de mayor jerarquía del ordenamiento argentino, el contrato político que organiza el poder, lo limita y lo pone al servicio del bien común. En ella se encuentran los derechos y garantías individuales, los deberes ciudadanos, la distribución de facultades entre los tres poderes del Estado y los mecanismos de control recíproco que posibilitan la vida republicana. Subestimarla o reducirla a una mera declaración de principios sería, en esencia, una traición a sus fundamentos.
El artículo 1 de la Constitución establece que la Nación adopta la forma representativa, republicana y federal . Los dos primeros términos se refieren a la forma de gobierno, mientras que el tercero define la forma de Estado. Esta distinción, lejos de ser meramente académica, resulta esencial para comprender la estructura política argentina. Los constituyentes de 1853 fueron conscientes de la importancia de esta definición, buscando diferenciarse de experiencias republicanas donde la representatividad era más formal que real.
Como señala José M. Estrada, el principio republicano es la limitación de los poderes de los gobiernos. Esa limitación es esencial. Ello constituye el carácter de un gobierno libre . Esta idea, formulada hace más de un siglo, sigue siendo plenamente vigente en el siglo XXI. La limitación del poder no es un obstáculo para el buen gobierno, sino su condición de posibilidad. No puede existir libertad real sin frenos institucionales, ni una República sin control.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no deben ser entendidos como compartimentos estancos o gobiernos desconectados entre sí. Son, más bien, ramas de un único gobierno, diferenciadas en sus funciones pero recíprocamente controladas. La separación de poderes tiene como objetivo evitar la concentración del poder en una sola instancia, mientras que la coordinación es necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado. Cuando alguno de estos poderes intenta avanzar sobre las atribuciones de los otros, no solo viola la Constitución en su letra, sino que también destruye el equilibrio sobre el que se sustenta la vida institucional de la República.
La Constitución no se honra con discursos vacíos o ceremonias protocolarias. Se honra con acciones concretas, con conductas que reflejen el compromiso con sus principios. Como advertía John Locke, Allí donde termina la ley, comienza la tiranía . Por lo tanto, el poder debe respetar sus límites, los jueces deben ser independientes, los representantes deben actuar en nombre del pueblo que los eligió y los ciudadanos deben exigir que así sea.
A 173 años de su sanción, la Constitución sigue siendo el horizonte hacia el cual debemos orientarnos. Aún tiene mucho que ofrecernos, pero, sobre todo, nosotros le debemos el esfuerzo diario de hacerla realidad. La Constitución es un proyecto en constante construcción, que requiere la participación activa de todos los ciudadanos para garantizar su cumplimiento y preservar los valores que la inspiraron. Es un recordatorio constante de que la libertad, la justicia y la igualdad no son derechos adquiridos, sino metas que deben ser defendidas y promovidas día a día. La celebración de este aniversario no debe ser una mera conmemoración, sino una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra República y renovar nuestro compromiso con los principios fundamentales que la sustentan. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana, a la defensa de las instituciones y al respeto por el Estado de Derecho.
