El gobernador de Nuevo León, Samuel García, está bajo investigación por presuntamente haber orquestado una compleja estructura financiera para el lavado de dinero y la desviación de más de mil millones de pesos de las arcas públicas estatales. La investigación, que involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), apunta a la utilización del despacho de abogados de su familia, Firma Jurídica y Fiscal S.C., como pieza clave en el esquema.
Según información obtenida, el gobernador García, del partido Movimiento Ciudadano (MC), habría utilizado el despacho familiar para captar recursos públicos en beneficio directo de sus familiares, incluyendo a su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, quienes son accionistas principales de la firma. La estructura, descrita como especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita, operaría a través de la distribución de fondos provenientes de diversas dependencias del gobierno estatal.
El esquema de lavado de dinero se articula en torno a cuatro fuentes principales de financiamiento dentro de la administración pública de Nuevo León. La primera de ellas involucra pagos realizados a la empresa Suministro MYR, S.A. de C.V. por un total de 964 millones 789 mil 526.75 pesos. A su vez, Suministros MYR, S.A. de C.V., realizó pagos por 237 millones 207 mil 724.53 pesos a la empresa Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. DE C.V., quien finalmente transfirió 203 millones 807 mil 724.52 pesos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C.
La segunda línea de financiamiento se centra en pagos realizados a Txat Latam, S.A.P.I. DE C.V. por un monto de 243 millones 420 mil 751.84 pesos. Posteriormente, Txat Latam, S.A.P.I. DE C.V., efectuó pagos por 65 millones 510 mil 653.17 pesos a FERRO & MENDEZ, S.C., quienes a su vez transfirieron 62 millones 966 mil 958.79 pesos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C.
Una tercera fuente de recursos proviene del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Gobierno estatal, que realizó pagos a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V. por un total de 5 mil 851 millones de pesos. Esta última empresa, a su vez, transfirió 5 mil 154 millones 640 mil 615.26 pesos a Corporación Transnacional de Inversiones S.A. de C.V., quienes finalmente pagaron 385 millones 373 mil 689 de pesos y 700 millones de pesos adicionales al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., en dos exhibiciones separadas.
Finalmente, la cuarta fuente de financiamiento involucra a Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León, quienes realizaron pagos a BEMASE, S.A. de C.V. por un monto de 154 millones 208 mil 356.41 pesos. BEMASE, S.A. de C.V., a su vez, pagó 144 millones 472 mil 800 pesos a North American Heavy y Equipment, S.A. de C.V., quienes finalmente transfirieron 77 millones 36 mil 410 pesos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C.
Una vez que el despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., recibía los fondos, estos eran dispersados a Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. por montos que superan los mil millones de pesos. Posteriormente, estos fondos eran enviados a diversas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos de América, con el objetivo de ocultar su origen y dificultar su rastreo.
La investigación de la FGR se centra en determinar el alcance total de la red de lavado de dinero y la cantidad exacta de recursos públicos desviados. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias y se presenten cargos formales contra los implicados, incluyendo al gobernador Samuel García y a los miembros de su familia involucrados en el esquema. Este caso representa un duro golpe para la imagen del gobierno de Nuevo León y podría tener importantes repercusiones políticas y legales en el futuro cercano. La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y este escándalo ha generado una ola de indignación y desconfianza hacia las autoridades estatales.
