La candidata de la oposición, Paloma Valencia, ha denunciado contradicciones en la información proporcionada por el Gobierno sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, generando una fuerte controversia en el marco de las próximas elecciones presidenciales. La situación se originó el pasado domingo, cuando miembros del gabinete presidencial y de la Policía alertaron a Valencia sobre un complot criminal para eliminarla, en un contexto de escalada terrorista en el suroccidente del país, con 32 atentados documentados y 21 civiles muertos.
Según las fuentes oficiales, una disidencia del frente 42 de las Farc estaría coordinando el ataque, con un terrorista conocido como Buche de Tula como principal responsable. Sin embargo, al día siguiente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó públicamente la amenaza a través de un trino, afirmando que las labores de inteligencia no habían encontrado evidencia de un plan delincuencial contra Valencia atribuido a la estructura 42 de las Farc o a Buche de Tula .
El presidente Gustavo Petro respaldó la versión de su ministro, declarando que a Valencia no le había contado la verdad sobre la información que recibió. Según Petro, el supuesto atentado era en realidad una disputa entre delincuentes, donde uno acusaba falsamente al otro, y que esta aclaración ya había sido comunicada a la candidata.
Valencia rechazó categóricamente la versión del Gobierno, acusándolo de minimizar la amenaza y de ocultar información relevante. En una declaración realizada en su departamento natal, Cauca, la candidata afirmó que fue el propio Gobierno, a través de sus ministros del Interior y Defensa, así como del director de la Policía Nacional, quien la informó sobre el atentado. Además, reveló que había recibido información sobre otro posible atentado en el sur del país, pero que el silencio impuesto por el Gobierno podría impedir que se identifiquen los responsables.
Aquí le respondo a Petro, claro y duro. Fue su gobierno, a través de su ministro del Interior, su ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, los que nos informaron del atentado. Y ayer en la mañana estaba su ministro de Defensa dándole información a los medios de comunicación, razón por la cual yo tuve que hacer pública parte de la información que me dieron, porque me dieron más de la que revelé, entre otras, otro atentado que se está planeando contra mí en el sur del país , declaró Valencia.
La candidata enfatizó que nadie en Colombia tiene garantizada la seguridad, ni siquiera ella, a pesar de contar con un esquema de protección. Este enfrentamiento entre Valencia y Petro se suma a un clima de tensión política marcado por intimidaciones, ataques verbales y el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá, quien fue reemplazado por Valencia como candidata del Centro Democrático.
La seguridad de Valencia ha sido objeto de preocupación desde hace semanas. El expresidente Álvaro Uribe advirtió el 17 de abril sobre una posible amenaza contra la candidata, atribuyéndola a los cabecillas del ELN, Pablito Arauca y Antonio García, quienes supuestamente habrían ordenado un intento de magnicidio para favorecer la candidatura de Iván Cepeda. Uribe vinculó la Paz Total promovida por Petro y Cepeda con el asesinato de Uribe Turbay, instando a proteger a Valencia.
Denuncias similares han sido presentadas por las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, lo que ha generado preocupación a nivel internacional. El subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, expresó su preocupación por las amenazas y anunció que las autoridades colombianas, en particular la Policía, habían reforzado la seguridad de los candidatos. Kozak advirtió que cualquier intento de dañar a los aspirantes tendría graves consecuencias.
La Defensoría del Pueblo ha documentado 35 amenazas contra los candidatos y ha instado a las campañas a reducir la retórica agresiva. Valencia también ha denunciado estigmatizaciones por parte del Gobierno, acusándolo de calificar a la oposición como extrema derecha mientras atribuye la violencia a grupos de ese espectro político. La candidata considera que esta estrategia busca evadir la responsabilidad del Gobierno o justificar ataques contra la oposición.
La violencia viene de las disidencias de las Farc y el ELN (protegidos por la Paz total de Cepeda y Petro). Convenientemente ahora los clasifican de extrema derecha. Es muy irresponsable que un gobierno y su séquito hablen de la oposición como extrema derecha y al mismo tiempo atribuya la violencia a la extrema derecha. Tratan de evadir su responsabilidad o están señalándonos para justificar violencia en contra nuestra , sentenció Valencia.
La controversia sobre la seguridad de Paloma Valencia y las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición complican aún más un panorama electoral ya de por sí tenso y polarizado, en un país marcado por la violencia y la inestabilidad.
