El Gobierno de Chile implementó una reducción presupuestaria de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el pasado viernes 24 de abril. Esta medida impacta directamente a programas sociales prioritarios, especialmente aquellos destinados a la infancia, juventud y pueblos indígenas, generando preocupación en diversos sectores.
El ajuste, materializado mediante una modificación presupuestaria, implica una disminución de recursos en múltiples servicios dependientes de la cartera, afectando a instituciones clave del sistema de protección social del país. La decisión se conoció este martes, generando un debate en el contexto de la controversia por la circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que recomendaba descontinuar o reformular decenas de programas estatales.
Entre las instituciones más afectadas se encuentra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), que experimentará una reducción de más de 12.748 millones de pesos. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) también sufrirá un recorte significativo de 7.634 millones de pesos, particularmente en fondos destinados a la adquisición de tierras y al apoyo a las comunidades indígenas.
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) verá disminuidos sus recursos en 3.859 millones de pesos, mientras que la Subsecretaría de la Niñez experimentará una reducción de 3.359 millones de pesos. Otros servicios afectados incluyen el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), con una disminución de 1.135 millones de pesos, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), con un recorte de 318 millones de pesos.
Además de las reducciones en las instituciones, el ajuste presupuestario también impacta iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar), que recibirá 1.850 millones de pesos menos. También se verán afectadas otras iniciativas de acompañamiento familiar y políticas de desarrollo social orientadas a sectores vulnerables.
La firma del decreto coincidió con la instalación de la controversia por la circular de la Dipres, lo que ha reforzado las preocupaciones sobre un posible ajuste fiscal más profundo en el gasto social. A pesar de las inquietudes, desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se eliminarán beneficios esenciales. El ministro Quiroz ha defendido el concepto de descontinuar como una herramienta técnica para rediseñar programas, buscando optimizar su eficiencia y efectividad.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha reaccionado con dureza ante el ajuste, calificándolo como un recorte inmediato a la ejecución presupuestaria 2026 de servicios esenciales. En una declaración oficial, la organización advirtió que estas medidas impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de los servicios para cumplir con su misión de proteger a la ciudadanía.
Se trata de medidas que impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía , sostuvo la ANEF, advirtiendo sobre los efectos directos sobre políticas de Estado y programas sociales clave. La ANEF calificó el Decreto N 331/2026 como un ataque frontal a derechos sociales y obligaciones de protección prioritarias , señalando que las reducciones afectan especialmente a la infancia, pueblos originarios y personas con discapacidad.
El gremio también expresó reparos sobre el mecanismo utilizado para materializar el ajuste, argumentando que eliminar por decreto financiamientos y líneas programáticas aprobadas por ley podría constituir un motivo de prevención jurídica y política, tensionando las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria.
Asimismo, la ANEF vinculó el recorte con la orientación fiscal del Ejecutivo, afirmando que estas medidas se alinean con una agenda que, según su perspectiva, reduce el gasto social mientras impulsa cambios tributarios que beneficiarían a los segmentos de mayores ingresos. La organización ha manifestado su preocupación por el impacto de estas políticas en la equidad social y la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.
La situación plantea un desafío para el Gobierno, que deberá equilibrar las necesidades de ajuste fiscal con la protección de los programas sociales esenciales. El debate sobre el futuro del gasto social en Chile se intensifica, mientras la oposición y diversos sectores de la sociedad civil expresan su preocupación por las posibles consecuencias de estas medidas en la calidad de vida de los ciudadanos.
