Una nueva controversia administrativa y jurídica se abre en Paipa, Boyacá, tras la admisión de una acción popular que busca detener la venta de un predio entregado años atrás con destinación social. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama ordenó dar trámite al proceso en primera instancia y vinculó formalmente al Concejo Municipal.
El terreno en cuestión, conocido como Entre vías y ubicado en la vereda Romita, fue cedido gratuitamente en 2007 por Ecopetrol S.A. al municipio de Paipa. La escritura pública de transferencia establece que el predio debía destinarse exclusivamente al desarrollo de proyectos institucionales, ambientales y comunitarios, en línea con el fortalecimiento del parque industrial del municipio.
Sin embargo, el Acuerdo Municipal No. 022 del 26 de noviembre de 2025 autorizó al alcalde a adelantar gestiones de venta del inmueble a particulares, generando cuestionamientos sobre la legalidad de la decisión. Yuber Giovanny López Ruiz, el demandante, argumenta que la intención de enajenar el predio no sólo contraviene las condiciones originales de la cesión, sino que también desconoce las necesidades colectivas para las que fue entregado.
El proceso judicial plantea posibles vulneraciones a derechos e intereses colectivos, particularmente en lo relacionado con la protección del patrimonio público y la moralidad administrativa. La eventual venta, según la demanda, podría representar un detrimento para el municipio, al transformar un activo de uso social en un recurso económico de corto plazo. Se argumenta que la priorización de un beneficio económico inmediato podría comprometer el desarrollo a largo plazo de proyectos que beneficiarían a la comunidad.
Otro punto crítico señalado en la demanda se refiere al trámite del acuerdo en el Concejo Municipal. El accionante alega que no existió una socialización amplia con la comunidad ni un debate suficiente sobre las implicaciones de la decisión, lo que genera dudas sobre la transparencia y participación en el proceso. La falta de una discusión pública y abierta sobre el futuro del predio Entre vías ha sido interpretada como una falta de respeto hacia los ciudadanos y una posible violación de sus derechos a la participación.
Además de admitir la acción popular, el juzgado estudia la solicitud de una medida cautelar que suspenda de manera inmediata cualquier intento de venta mientras se emite un fallo de fondo. Esta medida busca evitar que se consoliden actos administrativos o contractuales que puedan resultar irreversibles, protegiendo así el patrimonio público y garantizando que la decisión final se tome con pleno conocimiento de las circunstancias. La medida cautelar, de ser aprobada, representaría un freno temporal a la venta del predio y permitiría al juzgado analizar a fondo los argumentos de la demanda.
La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público fueron notificados para intervenir en el proceso, en su rol de garantes de los derechos colectivos. Su participación será clave para evaluar si la actuación de la administración municipal se ajusta a los principios de legalidad y protección del interés general. Se espera que estos organismos aporten su experiencia y conocimiento para garantizar un proceso justo y transparente.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate entre la gestión de activos públicos y el cumplimiento de compromisos adquiridos en procesos de cesión. La administración municipal, por su parte, deberá justificar la necesidad de la venta y demostrar que la decisión se tomó en beneficio de la comunidad. La defensa del acuerdo municipal argumentará que la venta del predio permitirá generar recursos para financiar proyectos prioritarios en otras áreas del municipio.
Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad permanece atenta al desenlace de una decisión que podría definir el uso de un bien concebido, desde su origen, para el beneficio colectivo. La incertidumbre sobre el futuro del predio Entre vías ha generado preocupación entre los habitantes de la vereda Romita y de todo el municipio de Paipa, quienes temen que la venta del terreno pueda afectar negativamente su calidad de vida y sus oportunidades de desarrollo. El resultado de esta acción popular podría sentar un precedente importante para la gestión de activos públicos en la región y en todo el país. La decisión judicial no solo afectará el futuro del predio Entre vías , sino que también tendrá implicaciones para la forma en que los municipios gestionan los bienes que reciben en donación o cesión.
