El mercado inmobiliario brasileño enfrenta una creciente atención legal y un llamado a la profesionalización debido a las prácticas insistentes y, en muchos casos, ilegales de algunos corredores de bienes raíces. La Ley General de Protección de Datos (LGPD), vigente desde 2018, establece límites claros sobre cómo se obtienen, utilizan y se finalizan las comunicaciones con potenciales clientes, pero la realidad muestra una persistencia de tácticas agresivas que rayan en el acoso comercial.
La proliferación de contactos no solicitados, a menudo originados a partir de bases de datos compradas o recopiladas sin consentimiento, ha generado un clima de saturación y desconfianza entre quienes buscan comprar o alquilar una propiedad. Lo que debería ser un servicio de atención al cliente se transforma rápidamente en una experiencia agotadora, con llamadas y mensajes insistentes en horarios inapropiados.
Esta conducta no es simplemente un exceso de entusiasmo, sino una consecuencia de la creciente competencia en el sector. La presión por cerrar negocios lleva a muchos corredores a priorizar el volumen de contactos sobre la calidad de la atención, lo que resulta contraproducente y aleja a los clientes potenciales.
La LGPD no prohíbe el contacto inicial con potenciales clientes, pero sí regula estrictamente la forma en que se realiza. El uso de bases de datos frías , es decir, listas de contactos obtenidas sin el consentimiento explícito de los individuos, es ilegal y constituye una violación directa de la ley. Además, los datos recopilados para un propósito específico no pueden ser reutilizados para otros fines sin una nueva autorización. Por ejemplo, una persona que proporciona su contacto para recibir información sobre un inmueble no ha dado su consentimiento para recibir ofertas de consorcios o inversiones.
El intercambio de información con terceros, como arquitectos o socios comerciales, también está prohibido sin el consentimiento expreso del cliente. La insistencia reiterada, el bombardeo de llamadas y mensajes, se considera acoso comercial y viola el derecho a la privacidad. Estas prácticas pueden acarrear multas significativas, que pueden llegar hasta el 2% del volumen de facturación de la empresa, con un límite de 50 millones de reales por infracción, además de posibles condenas por daños morales.
Para operar dentro de la legalidad y mantener un estándar profesional, los corredores deben obtener el consentimiento claro y formalizado de los clientes antes de iniciar cualquier comunicación. Este consentimiento puede ser expresado de forma sencilla, por ejemplo, a través de un mensaje de WhatsApp. El interés legítimo , que permite el contacto cuando el cliente ha demostrado un interés previo, como al completar un formulario en un portal inmobiliario, también es una base legal válida, pero requiere transparencia. El corredor debe identificarse, explicar cómo obtuvo el contacto y cuál es el objetivo de la comunicación.
Si un cliente solicita explícitamente que no se le contacte más, la comunicación debe cesar inmediatamente. El derecho de oposición está garantizado por la LGPD y su incumplimiento puede tener un impacto negativo en la reputación de las empresas del sector inmobiliario.
Desde el punto de vista del cliente, es fundamental ser cauteloso al compartir datos personales al registrarse en sitios web o completar formularios de visitas a propiedades. En caso de sentirse incómodo con la insistencia de un corredor, el cliente puede solicitar formalmente la eliminación de sus datos de las bases de contacto y, si es necesario, recurrir a bloqueos de llamadas o a los organismos de defensa del consumidor.
El problema del mercado inmobiliario no es la falta de canales de comunicación, sino la mala gestión de los mismos. En una época en la que existen múltiples formas de contactar a los clientes, los departamentos comerciales deben priorizar la estrategia y la calidad de la atención sobre el volumen de contactos. El profesional que comprenda esta dinámica no solo evitará problemas legales, sino que también construirá una relación de confianza con sus clientes, lo que a largo plazo se traducirá en mejores resultados y una reputación sólida.
La clave está en entender que la comunicación efectiva no se basa en la insistencia, sino en la relevancia y el respeto por la privacidad del cliente. Un enfoque estratégico, basado en la comprensión de las necesidades del cliente y en la oferta de soluciones personalizadas, es mucho más efectivo que el bombardeo de llamadas y mensajes no solicitados. El mercado inmobiliario necesita una transformación cultural que priorice la ética, la transparencia y el respeto por los derechos de los consumidores. La LGPD es una herramienta fundamental para lograr este cambio, pero su efectividad depende del compromiso de todos los actores del sector.
