Los sindicatos docentes universitarios han iniciado una semana de paro nacional que se extenderá hasta el sábado 2 de mayo, en el marco de un plan de lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial. La medida de fuerza, impulsada por CONADU y CONADU Histórica, con la adhesión de gremios como ADIUC (Córdoba), AGD-UBA (Buenos Aires) y ADIUNT (Tucumán), además de sindicatos no docentes, amenaza con interrumpir la cursada de miles de estudiantes en todo el país.
El paro afecta las cátedras y clases de los docentes en huelga, así como los colegios universitarios de jurisdicción nacional, incluyendo instituciones emblemáticas como el Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependientes de la UBA. Se anticipa que la interrupción de la enseñanza se manifestará a través de la suspensión de clases o la implementación de clases públicas como forma de protesta.
Los reclamos centrales de las organizaciones sindicales se centran en la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que consideran fundamental para garantizar la estabilidad económica de las universidades y permitir la convocatoria a paritarias para la actualización salarial. Denuncian que la normativa vigente no se está cumpliendo en su totalidad, lo que impide la negociación salarial y agrava la pérdida de poder adquisitivo de los docentes debido a la inflación.
Este año, los docentes rechazaron una propuesta oficial de incremento salarial del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, calificándola de insuficiente ante una pérdida salarial acumulada que supera el 50% entre 2024 y 2025. Argumentan que aceptar la oferta implicaría un empeoramiento de su situación económica.
La huelga actual se suma a una serie de medidas de protesta escalonadas. El pasado 23 de abril, se realizó otra huelga en todo el sistema universitario, con la participación también de las federaciones de personal no docente. En algunas facultades, la actividad académica se encuentra interrumpida desde el inicio del año debido al conflicto.
Los gremios advierten que, de no obtener una respuesta favorable por parte del Gobierno, el plan de lucha continuará durante todo el semestre. Ya han convocado a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, donde esperan demostrar su fuerza y presionar por el cumplimiento de sus demandas.
Ante la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, intimó a los rectores de las universidades nacionales a garantizar el dictado de clases y a informar sobre las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación durante la huelga. La cartera expresó su preocupación por la suspensión completa de la actividad académica y solicitó a las autoridades un plan de contingencia que contemple la participación de los docentes que no adhieran a la huelga, o la implementación de alternativas como clases virtuales o reprogramaciones.
El comunicado del Ministerio de Capital Humano enfatizó que los recursos presupuestarios nacionales están destinados al cumplimiento de los fines educativos establecidos por la normativa vigente, y que el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional requiere la operatividad del sistema y la protección del derecho a la educación.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo no cede. A través de su cuenta en la red social X, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, compartió la nota oficial y advirtió que, en caso de incumplimiento por parte de las universidades, el Gobierno podría avanzar con la revisión de la asignación, ejecución y transferencia de recursos presupuestarios nacionales, lo que implicaría posibles recortes en las partidas presupuestarias.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender los artículos 5 y 6 de la Ley N. 27.795 de Financiamiento Universitario, luego de que la justicia exigiera el cumplimiento inmediato de estos puntos.
Frente a la intimación oficial, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, insistió en la necesidad de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y señaló que el Ejecutivo reconoce, por primera vez, que el derecho a la educación no está garantizado en el país. Yacobitti advirtió que las universidades permanecen abiertas gracias al esfuerzo de docentes y no docentes, y ratificó la cuarta movilización del sector dirigida al presidente Javier Milei.
No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina , afirmó Yacobitti.
La escalada de la protesta se produce en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y advertencias sobre la sostenibilidad de la actividad académica. Los sindicatos reiteran que la continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta del Gobierno y de algún avance en la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades. La situación plantea un desafío importante para el futuro de la educación superior en Argentina, con implicaciones directas para miles de estudiantes y la calidad de la enseñanza.
