El reciente descubrimiento de una extensa mina ilegal en el Bajo Cauca antioqueño ha desatado una controversia a nivel nacional e internacional, poniendo en el centro de la discusión el control ejercido por el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), sobre la extracción y el tráfico de oro en la región. La intervención de las fuerzas armadas cerca del Batallón de Infantería Aerotransportado N. 31 Rifles en Caucasia reveló la magnitud de las operaciones ilícitas, según trabajadores locales, operadas bajo la protección directa del grupo armado.
La investigación, publicada por el diario The New York Times, ha generado diversas reacciones en Colombia, cuestionando la capacidad del Estado para controlar las actividades mineras ilegales en áreas estratégicas. Sin embargo, el Clan del Golfo ha negado rotundamente su vinculación con la mina, calificando el informe periodístico como injurioso y calumnioso .
A través de su cuenta en la red social X (@soygaitanista), el grupo armado acusó al periodista Federico Ríos, autor de la investigación, de publicar la nota en represalia por no concederle una entrevista. Miente de manera descarada el periodista @federicorios no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones. ¿Es en venganza por no darle la entrevista? , escribió el EGC.
Posteriormente, en un comunicado público, el grupo armado reconoció la imposición de un impuesto sobre las operaciones mineras en el Bajo Cauca antioqueño, pero insistió en que no es propietario de las minas. Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones , declararon.
El EGC también aprovechó la oportunidad para reiterar su solicitud a la prensa nacional e internacional de evitar el uso del término Clan del Golfo para referirse a la organización, argumentando que es una denominación denigrante . Al avanzar en la lectura del reporte periodístico, es clara la mentira del titular del periódico, que dice: La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana . No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denigrante denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con lamentable frecuencia , señalaron.
El grupo armado explicó que, si bien no es dueño de la minería ilegal, sí cobra un impuesto a estas actividades para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte .
Finalmente, el EGC hizo un llamado a la realización de debates sobre las economías ilícitas en Colombia, incluyendo la minería ilegal, y la identificación de los verdaderos beneficiarios de su comercialización. En el país y en el mundo debe darse el debate sobre las economías ilícitas, como la minería ilegal, y sobre los verdaderos beneficiados con su comercialización. El oro debe entrar en los cauces de la economía legal para su monetización, por lo que también se deben revelar los entramados que lo permiten , concluyeron.
Estas revelaciones han tenido un impacto inmediato en las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, que se están llevando a cabo con el objetivo de transformar las economías locales ilegales en legítimas. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfatizó la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado. Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz , manifestó.
Jiménez recordó que este fenómeno se intensificó en la década de los 90, cuando el Banco de la República dejó de ser el comprador oficial del oro, lo que facilitó que los grupos armados comenzaran a monopolizar la compra de oro a los pequeños mineros. En la medida que han venido ejerciendo una incidencia fuerte y control de algunas regiones del país, se han convertido en dueños de esa economía porque les facilita lavar las economías ilegales del narcotráfico , añadió.
El negociador también advirtió que el problema va más allá del control directo del grupo armado, involucrando a comunidades y empresarios auríferos que, sin ser miembros del Clan, terminan sometidos a su régimen económico impuesto.
Según datos de la investigación de The New York Times, la mina La Mandinga se extiende por aproximadamente 2.000 hectáreas y ha estado bajo control del Clan del Golfo al menos desde hace ocho años. El Ejército ha reportado la presencia de entre 2.000 y 2.500 mineros informales extrayendo oro en la zona. Las autoridades han realizado al menos 20 intervenciones desde 2022 para destruir maquinaria e intentar frenar la actividad ilegal.
Sin embargo, la administración actual del predio sigue siendo incierta. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) indicó que la mina no figura entre los bienes bajo su control, a pesar de haber recibido medidas cautelares de embargo en 2013 y una orden de extinción de dominio en 2020. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las acciones del Estado para recuperar el control de esta importante fuente de recursos y desmantelar las estructuras criminales que operan en la región.
