El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha informado que está en contacto con los países de origen de los quince migrantes latinoamericanos deportados a su territorio por Estados Unidos, como resultado de la política migratoria del presidente Donald Trump. La medida busca facilitar la posible repatriación de estos individuos, quienes llegaron al país africano bajo un nuevo mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países .
Según declaraciones del portavoz del Ejecutivo congoleño y ministro de la Comunicación, Patrick Muyaya, se han establecido comunicaciones a través de organizaciones internacionales que colaboran con el gobierno en estos procesos. Quizás en los próximos días, tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podamos informarles de que se ha conseguido un paso libre para que algunos puedan regresar a su país de origen porque, como decimos desde el principio, se trata de una estancia temporal , afirmó Muyaya durante una rueda de prensa.
El gobierno congoleño ha asegurado que los migrantes cuentan con permisos de residencia en regla, aunque no ha especificado las nacionalidades de todos los deportados. Sin embargo, se ha confirmado que entre ellos se encuentran ciudadanos de Perú, Ecuador y Colombia. Perú ha confirmado oficialmente la presencia de siete de sus nacionales en el grupo, mientras que Ecuador ha confirmado tres. Medios de comunicación en Colombia también han reportado la presencia de ciudadanos colombianos entre los deportados.
La llegada de este primer grupo de 15 migrantes a la RDC el pasado 17 de abril se enmarca en un acuerdo con Estados Unidos, que proporciona financiación para este programa de acogida temporal. El gobierno congoleño ha enfatizado el carácter transitorio de la estancia de estos migrantes en el país.
Además de la situación de los migrantes latinoamericanos, el portavoz Muyaya también abordó las informaciones sobre posibles conversaciones entre Washington y la RDC para reasentar en el país africano a unos 1.100 afganos varados en Catar, a la espera de visados para Estados Unidos. Estos afganos incluyen familiares de ciudadanos estadounidenses o extrabajadores de organizaciones financiadas por ese país.
Muyaya reconoció haber recibido numerosas consultas de medios internacionales sobre este tema y señaló que el gobierno congoleño adoptará una política de transparencia al respecto. Si hay elementos de apunten en esa dirección, nos encargaremos de confirmarlos para que todos puedan ser informados , aseguró.
Sin embargo, el portavoz también advirtió sobre la necesidad de evitar crear cualquier tipo de confusión , especialmente en relación con la posible presencia de elementos del Estado Islámico entre los afganos. Cuando se habla de los afganos, se puede hablar del Estado Islámico, y eso puede tener la intención de generar miedo , explicó Muyaya.
La reanudación de los vuelos de deportación desde Estados Unidos a terceros países fue autorizada por la Corte Suprema en junio pasado, permitiendo al gobierno del presidente Trump implementar su política de mano dura contra la inmigración. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intensificado las deportaciones exprés y ha firmado acuerdos con países como la RDC, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial para facilitar estas expulsiones.
El gobierno congoleño ha reiterado su compromiso de abordar la situación de los migrantes de manera humanitaria y en coordinación con las organizaciones internacionales y los países de origen. Se espera que en los próximos días se puedan anunciar avances concretos en el proceso de repatriación de los migrantes latinoamericanos. La situación de los afganos varados en Catar sigue siendo objeto de conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y la RDC, y se espera que se llegue a una solución en breve.
La política de deportaciones de Trump ha generado controversia a nivel internacional, con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos de países de origen de los migrantes. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha defendido su postura argumentando la necesidad de controlar las fronteras y proteger la seguridad nacional. La RDC, por su parte, ha insistido en que su participación en este programa de acogida temporal es estrictamente humanitaria y que se limita a proporcionar un refugio temporal a los migrantes mientras se gestiona su repatriación o reasentamiento.
El gobierno congoleño ha asegurado que está trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales para garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados y que se les brinde la asistencia necesaria durante su estancia en el país. Se han establecido centros de acogida y se están proporcionando servicios de atención médica, psicológica y legal a los migrantes.
La situación de los migrantes deportados por Estados Unidos a terceros países como la RDC plantea importantes desafíos humanitarios y legales. Es fundamental que se respeten los derechos de los migrantes y que se les brinde la oportunidad de buscar protección en un país seguro. La cooperación internacional es esencial para abordar esta problemática de manera efectiva y garantizar una solución justa y duradera para todos los involucrados.
