El fiscal federal Diego Luciani inició el último tramo del juicio oral contra Julio De Vido y otros exfuncionarios por el caso Odebrecht, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación para la ampliación de los gasoductos Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS) entre 2006 y 2008. Luciani busca demostrar que los acusados incurrieron en negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
El Ministerio Público Fiscal prevé utilizar entre cinco y seis horas para la presentación de sus argumentos, lo que podría requerir más de una audiencia para formular el pedido de condena. De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar penas de prisión de uno a seis años, inhabilitación especial perpetua y una multa que oscilaría entre dos y cinco veces el valor del beneficio obtenido.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, es el encargado de llevar adelante el debate oral. El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza tras ser condenado en otra causa por la tragedia ferroviaria de Once, lidera la lista de acusados.
Junto a De Vido, están implicados Daniel Cámeron, exsecretario de Energía; Alberto Folgar, exsubsecretario de Combustibles; Luis Alberto Beuret, exvicepresidente de CAMMESA; y Julio Armando Bragulat, exsubgerente de la misma compañía.
La investigación, iniciada por el fallecido fiscal Federico Delgado y continuada con la intervención del juez federal Daniel Rafecas, llegó al juicio oral con la sospecha de que los exfuncionarios favorecieron los intereses particulares de la constructora brasileña Odebrecht SA.
La hipótesis central de la acusación sostiene que Julio De Vido creó el marco normativo que permitió a la Secretaría de Energía, junto con la Subsecretaría de Combustibles y ENARGAS, organizar la concesión del plan de ampliación de TGN y TGS. Se alega que la modificación de las bases del concurso facilitó la selección de Odebrecht como proveedor, otorgando a los funcionarios un amplio margen de discrecionalidad en la adjudicación.
El expediente judicial revela comunicaciones directas entre representantes de Odebrecht y la Secretaría de Energía, así como la recomendación del subsecretario de Combustibles a CAMMESA para que priorizara una oferta específica en los concursos. Además, se destaca la elaboración de un memorando de entendimiento que posteriormente fue enviado a CAMMESA para su firma conjunta con Odebrecht.
Durante las próximas audiencias, las defensas de los cinco procesados tendrán la oportunidad de responder a los argumentos presentados por el fiscal Luciani.
Julio De Vido, de 76 años, fue imputado por presuntamente facilitar y delegar en otros funcionarios la adjudicación de los contratos de construcción de TGS y TGN (2006/2008) a la constructora Norberto Odebrecht SA. Se le acusa de haber creado las condiciones para que la empresa brasileña obtuviera los contratos de manera irregular.
Daniel Cámeron, de 72 años, está acusado de sugerir a ENARGAS la inclusión de alternativas de financiación en las bases de los concursos, lo que habría favorecido a Odebrecht.
Cristian Folgar, de 55 años, habría participado en la organización de reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Energía y representantes de Odebrecht, facilitando la coordinación entre ambas partes.
Julio Bragulat, de 79 años, firmó el memorando de entendimiento celebrado entre CAMMESA y Odebrecht, un documento clave en la adjudicación de los contratos.
Luis Beuret, de 80 años, habría desempeñado un papel activo en las reuniones del directorio de CAMMESA donde se aprobaron los formularios de participación en los concursos, influyendo en la selección de Odebrecht.
La investigación se centra en la presunta existencia de un esquema de corrupción en el que los exfuncionarios habrían recibido beneficios a cambio de favorecer a Odebrecht en la adjudicación de contratos públicos. El fiscal Luciani buscará demostrar que estos actos constituyen el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el artículo 265 del Código Penal.
El juicio oral representa un momento crucial en la investigación del caso Odebrecht en Argentina, y se espera que las audiencias revelen nuevos detalles sobre las presuntas irregularidades y la participación de los acusados en el esquema de corrupción. La resolución del caso podría tener importantes implicaciones políticas y judiciales en el país.
