La cancelación de partidos y exclusiones de candidatos marcan las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador, generando serias dudas sobre la solidez de la democracia en el país. La situación, descrita como un golpe a la democracia por analistas, se agrava con decisiones consideradas irregulares por parte de la Consejo Nacional Electoral (CNE).
La reciente cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye ha encendido las alarmas. Lo preocupante, según fuentes cercanas al proceso electoral, es que la resolución de la CNE se habría tomado fuera de los plazos legales establecidos, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso. Esta decisión se suma a una serie de eventos que han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la organización de los comicios.
Otro factor que alimenta la controversia es el adelanto de la fecha de votación, justificado por un argumento climático que ha sido calificado como bastante estirado por observadores y editorialistas. Esta medida, sumada a las cancelaciones de partidos y las suspensiones de autoridades, crea la percepción de un intento por manipular el proceso electoral en beneficio de ciertos actores políticos.
La imposibilidad de participar de autoridades en funciones, debido a acusaciones fiscales y procesos en la justicia electoral, también ha sido objeto de críticas. Si bien es fundamental que las autoridades rindan cuentas ante la justicia, la forma en que se ha aplicado esta norma ha levantado sospechas sobre la existencia de una persecución política selectiva.
El editorial de Expreso, publicado hoy, califica la situación como la consolidación de la ley del más fuerte , donde no se aplica la ley, sino la voluntad de quienes la ejercen, presuntamente bajo órdenes superiores. Se denuncia que los fallos judiciales no se acatan cuando no convienen a quienes detentan el poder, y que este comportamiento se está normalizando en la sociedad ecuatoriana.
La preocupación central radica en la normalización de la injusticia. Permitir que se manipule la ley y se vulneren los derechos políticos de los ciudadanos, advierten los analistas, puede llevar a la sociedad a un punto de no retorno, donde la democracia se vea irreversiblemente dañada.
Unidad Popular y Construye se han convertido en las víctimas más recientes de esta aplicación arbitraria de la ley, pero la preocupación es que esta situación pueda repetirse con otros actores políticos, socavando la confianza en el sistema electoral y en las instituciones del Estado.
La situación exige una respuesta firme por parte de la ciudadanía. Bajar los brazos y normalizar la injusticia, según el editorial, es la peor decisión que se puede tomar. Es fundamental exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos.
La CNE, encabezada por Diana Atamaint, se encuentra bajo una intensa presión para esclarecer las decisiones tomadas y garantizar la transparencia del proceso electoral. La credibilidad de las elecciones de 2026 está en juego, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas depende de la forma en que se resuelvan estas controversias.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la situación en Ecuador. Organizaciones de derechos humanos y observadores electorales han instado al gobierno y a la CNE a garantizar un proceso electoral justo, transparente y libre de manipulaciones.
El futuro de la democracia ecuatoriana pende de un hilo. La forma en que se manejen las próximas semanas será crucial para determinar si el país podrá superar esta crisis y recuperar la confianza en sus instituciones. La ciudadanía, la CNE y el gobierno tienen la responsabilidad de actuar con transparencia, legalidad y respeto a los derechos políticos de todos los ecuatorianos. De lo contrario, el riesgo de un retroceso democrático es real y palpable. La aplicación selectiva de la ley, el adelanto injustificado de las elecciones y la exclusión de partidos políticos son señales de alarma que no pueden ser ignoradas. Es hora de defender la democracia y exigir un proceso electoral justo y transparente para todos.
