El gobierno chileno impulsa una norma que permitiría a las empresas de inteligencia artificial utilizar contenido periodístico sin compensación, generando alarma en el sector y cuestionamientos sobre la protección de los derechos de autor y el futuro del periodismo independiente en el país. La disposición, contenida en el artículo 8 del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional (también conocido como proyecto de ley miscelánea), faculta a utilizar obras ya publicadas sin autorización ni pago a sus titulares, beneficiando principalmente a las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley.
La norma, que introduce un nuevo artículo 71 T a la Ley N. 17.336 sobre Propiedad Intelectual, autoriza el uso de obras para fines de extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico de datos. Esto significa que los sistemas de IA podrían alimentarse del contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin que estos reciban ninguna contraprestación. Aunque la norma incluye una salvaguarda que prohíbe la explotación comercial encubierta, los críticos argumentan que esta es insuficiente y difícil de fiscalizar.
La preocupación central radica en la ya precaria situación económica de los medios de comunicación en Chile. La migración de los ingresos publicitarios hacia las plataformas tecnológicas ha generado una crisis estructural de financiamiento, mientras que los costos de producir información verificada y de calidad se mantienen altos. En este contexto, permitir que las empresas de IA utilicen el trabajo periodístico de forma gratuita se considera una forma de expoliación y extractivismo que agrava la crisis existente.
El ministro de Trabajo, Carlos Quiroz, ha defendido la norma argumentando que fomenta la innovación y el empleo . Sin embargo, los expertos en derecho de la información y representantes del sector periodístico rechazan esta interpretación, señalando que la medida no aborda los desafíos reales del financiamiento del periodismo y, por el contrario, podría acelerar su declive.
La norma no solo afecta a los grandes medios de comunicación, sino también a la prensa local y regional, que son especialmente vulnerables a la crisis económica. La posibilidad de que su contenido sea utilizado sin compensación por las empresas de IA podría poner en riesgo su viabilidad y, con ello, la diversidad y pluralidad de la información en el país.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que se presenta una propuesta similar en el Congreso chileno. En 2024, durante el gobierno anterior, se presentó una iniciativa con un contenido casi idéntico, que fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados precisamente por afectar los derechos de autor. La inclusión de esta norma en el actual proyecto de ley miscelánea, sin un debate previo y en un procedimiento de emergencia , ha sido calificada como tramposa por los críticos.
La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial es crucial, pero los expertos coinciden en que esta debe realizarse en el marco de un proyecto de ley específico, como el que actualmente se encuentra en segundo trámite en el Senado. Incluir una norma de este calado en un proyecto de ley miscelánea, que aborda una amplia gama de temas, es considerado un atajo que impide un debate profundo y una regulación adecuada.
La necesidad de actualizar la legislación frente a los desafíos de la IA es innegable, pero esta adaptación debe basarse en criterios equitativos y mecanismos de compensación para los creadores de contenido. La propuesta actual, en cambio, favorece a las grandes empresas tecnológicas en detrimento del periodismo independiente y la cultura nacional.
La defensa del periodismo plural e independiente es fundamental para la democracia y la convivencia republicana. Poner en riesgo este pilar bajo el pretexto de fomentar la innovación, mientras se permite que los derechos de los creadores de contenido sean vulnerados en beneficio de intereses extranjeros, es inaceptable. La urgencia reside en retirar el artículo 71 T del proyecto de ley en trámite y buscar una solución que proteja el futuro del periodismo en Chile.
La situación plantea un debate más amplio sobre la necesidad de regular las relaciones entre los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas, y de establecer mecanismos de compensación justos por el uso del contenido periodístico. La experiencia de otros países, como España y Australia, que han implementado medidas para exigir a las empresas de IA que paguen por el uso de noticias, podría servir de referencia para encontrar una solución adecuada para Chile.
El futuro del periodismo chileno está en juego, y la decisión que se tome en las próximas semanas tendrá consecuencias de largo alcance para la democracia y la libertad de expresión en el país. La sociedad civil, los medios de comunicación y los legisladores deben unirse para defender el derecho a la información y garantizar la sostenibilidad del periodismo independiente.
