Estados Unidos ha intensificado su estrategia de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, apuntando directamente a la estructura cleptocrática que, según análisis, sustenta el poder y el enriquecimiento ilícito de la familia gobernante y sus allegados. Hasta la fecha, Washington ha impuesto más de 85 sanciones, incluyendo 25 a instituciones y 60 a individuos, sin contar los 23 jueces incluidos en la Lista Engel. La Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y Suiza también han sumado sanciones, dirigidas a figuras clave dentro del círculo de poder nicarag ense.
La reciente sanción impuesta a Luis Cañas, un histórico sandinista leal a Murillo, destaca por su simbolismo. Cañas, quien previamente enfrentó acusaciones de delitos, fue rehabilitado por el régimen para desempeñar un papel central en la represión iniciada en abril de 2018. Se le acusa de coordinar la contratación de francotiradores, llevar a cabo detenciones arbitrarias, recolectar inteligencia sobre líderes cívicos y ciudadanos, y de operar un sistema de extorsión a través de la negación de visas. Además, se le responsabiliza del cierre ilegal de más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil.
La administración estadounidense considera que estas sanciones no son meros recordatorios, sino una política exterior activa para penalizar a quienes son cómplices de las violaciones de derechos humanos y de la corrupción sistémica en Nicaragua. Contrario a las afirmaciones de Ortega y Murillo, las sanciones están diseñadas para impactar con precisión a los responsables, sin afectar al pueblo nicarag ense. Se argumenta que las sanciones son una respuesta justa a la privación física, económica y política que la dictadura ha impuesto durante la última década.
Un elemento clave de la estrategia de Estados Unidos es su enfoque en desmantelar la estructura financiera que el clan Ortega utiliza para su enriquecimiento ilícito. Más de 20 de las sanciones a instituciones se han dirigido a entidades vinculadas a esta estructura. Un caso emblemático es la sanción a los negocios que Rafael Ortega, hijo de Daniel, y su exesposa llevaron a cabo en el sector petrolero, a través de acuerdos con Petro Caribe, que les generaban ingresos anuales de ocho cifras. Esta sanción sacó al clan del negocio petrolero en un momento en que Nicaragua está cambiando su dependencia petrolera de Estados Unidos debido a la crisis en Venezuela y las sanciones impuestas a ese país.
Actualmente, Estados Unidos está enfocando su atención en desmantelar una recomposición gradual de las actividades ilícitas de la familia Ortega, que busca construir un imperio millonario a través de concesiones mineras a empresas chinas. A través de entidades estatales como el Ministerio de Energía y Minas y ENIMINAS, la dictadura ha otorgado más de 10,000 kilómetros cuadrados en concesiones mineras a empresas vinculadas a Zhong Fu Development S.A. en los últimos cuatro años. Paralelamente, el régimen continúa confiscando propiedades privadas y extorsionando a empresas para debilitarlas y desplazarlas.
El modelo económico del clan Ortega es calificado como destructivo para los nicarag enses, ya que solo beneficia a la familia gobernante. La dictadura se ha aprovechado del alto precio del oro, buscando capitalizarse a través de confiscaciones, concesiones ilícitas y extorsión tributaria y económica. Se espera que Nicaragua aumente su exportación de oro de 600,000 a 800,000 onzas este año.
Estados Unidos considera a Nicaragua un caso particular, donde la dictadura ha logrado mantener un perfil bajo a pesar de las presiones internacionales. La estrategia estadounidense se centra en lograr una transformación democrática de Nicaragua a través de la inercia política, esperando eventos como la muerte de Ortega, un conflicto interno familiar, la corrupción descontrolada o una protesta social inesperada.
La presión estadounidense se diferencia de la ejercida sobre Cuba y Venezuela, y Nicaragua no está en la lista de espera posterior a Cuba. Estados Unidos busca evitar una nueva ola migratoria y de represión, reconociendo los obstáculos adicionales que presenta la situación nicarag ense. Sin embargo, mantiene un nivel de presión constante que distorsiona el funcionamiento del régimen. Las sanciones impuestas a Laureano Ortega y Zhong Fu Development, por ejemplo, obligarán a reorganizar la estructura exportadora, que en gran medida se dirige a Estados Unidos.
El principal esfuerzo actual debe centrarse en presionar a la dictadura para que desmantele su estructura represiva y cleptocrática, así como sus alianzas con China. Estados Unidos ha insistido en estas demandas. Al mismo tiempo, la oposición cívica debe denunciar la magnitud del robo que se está cometiendo a la ciudadanía nicarag ense y la captura del Estado, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha endosado el crecimiento económico del país a costa de la represión y del robo, a través de la extorsión, la confiscación y las concesiones ilícitas. La expulsión de miles de nicarag enses, que ahora envían remesas, también contribuye a este crecimiento económico, según el FMI.
