La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha generado controversia esta semana al emitir un fallo que establece que el ejercicio de la judicatura no constituye experiencia como abogado. La decisión, tomada en el contexto de la selección del próximo Fiscal General, ha levantado críticas y cuestionamientos sobre la interpretación legal y la lógica detrás de la misma.
El debate surge a raíz del proceso para designar al sucesor de la Fiscal General, Consuelo Porras. El requisito para el cargo exige haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años. La Corte, sin embargo, ha interpretado este requisito de manera restrictiva, argumentando que solo se considera válido el ejercicio “liberal” de la abogacía.
Esta interpretación ha sido criticada por considerarse rebuscada y absurda, dado que para acceder a la judicatura es requisito previo ser abogado. Se argumenta que la experiencia adquirida en el ejercicio de la judicatura debería considerarse como una profundización y fortalecimiento de la profesión, y no como algo separado de ella.
El magistrado Molina Barreto, al explicar su voto concurrente, defendió la decisión de la Corte, calificándola como una “evolución de los criterios interpretativos”. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada, ya que la decisión parece contradecir la lógica y el sentido común.
Según el fallo, un profesional que haya llevado un caso cada año durante los últimos diez años, sin importar su tamaño o trascendencia, podría ser considerado más apto para el cargo de Fiscal General que un juez con años de experiencia en las cortes más altas del país. Esta situación ha generado indignación y ha sido calificada como una ironía, ya que los magistrados que tomaron la decisión utilizaron precisamente las habilidades y conocimientos adquiridos en la escuela de abogacía para interpretar la ley y llegar a un fallo que descalifica a sus propios colegas.
La Constitución, según la interpretación de la Corte, se refiere exclusivamente al ejercicio “liberal” de la profesión, una extensión que no se encuentra explícitamente en el texto constitucional. Esta interpretación ha sido criticada por considerarse una invención y un capricho, que busca justificar una decisión con motivaciones políticas.
La decisión de la Corte ha generado preocupación sobre la honestidad y la transparencia en las resoluciones judiciales. Se teme que esta interpretación restrictiva del requisito de experiencia como abogado pueda favorecer a candidatos específicos y comprometer la independencia del Ministerio Público.
La controversia ha recordado un incidente ocurrido hace algunos años, cuando un presidente del país afirmó que la ley no perseguía al delincuente, sino al delito, una declaración que fue objeto de burla y crítica. La decisión de la Corte, que establece que ejercer como juez no da experiencia como abogado, ha sido comparada con esta declaración, considerándose una ocurrencia sin fundamento legal.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad representa una muestra de la nueva conformación del órgano judicial y ha generado interrogantes sobre el futuro de la justicia en Guatemala. La controversia ha puesto de manifiesto la necesidad de una interpretación legal clara y coherente, que respete la lógica y el sentido común, y que garantice la independencia y la transparencia del sistema judicial.
El fallo ha abierto un debate sobre la naturaleza de la profesión de abogado y la importancia de la experiencia judicial. Mientras algunos argumentan que la judicatura es una rama especializada de la abogacía, otros sostienen que el ejercicio de la judicatura es fundamentalmente diferente del ejercicio liberal de la profesión.
La Corte, al emitir su fallo, ha ignorado la realidad de que la judicatura requiere un profundo conocimiento del derecho, habilidades de análisis y argumentación, y una sólida ética profesional. Estas habilidades y conocimientos son esenciales para el ejercicio de la abogacía y deberían ser reconocidos como una valiosa experiencia profesional.
La decisión de la Corte ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil y por miembros de la comunidad jurídica, quienes han expresado su preocupación por el impacto que esta interpretación restrictiva del requisito de experiencia como abogado pueda tener en la calidad y la independencia del Ministerio Público.
Se espera que la decisión de la Corte sea revisada y que se adopte una interpretación más razonable y coherente del requisito de experiencia como abogado, que reconozca la importancia de la experiencia judicial y que garantice la selección de un Fiscal General competente y honesto. La controversia ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el sistema judicial y de garantizar su independencia y transparencia, para que pueda cumplir con su función de proteger los derechos de los ciudadanos y de garantizar el estado de derecho.
