Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este viernes 24 de abril de 2026 que la suspensión del asilo en la frontera sur, impuesta por el presidente Donald Trump, es ilegal. La decisión representa un duro golpe para la política migratoria de la Casa Blanca y una victoria para las organizaciones de derechos civiles que se opusieron a la medida.
El fallo se centra en la proclamación 212(f), que otorga al poder ejecutivo estadounidense la facultad de deportar rápidamente a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sin permitirles presentar su solicitud de protección. Esta política, implementada por Trump al inicio de su mandato, justificaba la negación de asilo basándose en la alegación de una invasión , buscando así evadir las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Sin embargo, el panel del Tribunal de Apelaciones del Distrito consideró que el presidente no tiene la autoridad para eludir las leyes aprobadas por el Congreso que garantizan a los extranjeros el derecho a solicitar asilo. El tribunal argumentó que la negación generalizada del asilo, sin una evaluación individual de los riesgos de persecución que enfrentan los solicitantes al ser devueltos a sus países de origen, es una violación de la ley.
Denegar el asilo de un solo golpe, sin información alguna sobre los individuos afectados, ignora necesariamente todo riesgo de persecución que estos enfrentan al ser obligados a regresar a su lugar de origen , se lee en la extensa opinión del tribunal. Esta declaración subraya la preocupación del tribunal por la falta de debido proceso y la potencial exposición de los solicitantes de asilo a graves peligros en sus países de origen.
La Casa Blanca ha defendido la política, señalando que las admisiones de solicitantes de asilo en la frontera han disminuido drásticamente desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025. Esta afirmación sugiere que la política ha logrado su objetivo de disuadir a las personas de buscar asilo en la frontera sur.
El fallo judicial es una victoria significativa para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Estas organizaciones presentaron la demanda en nombre de varias organizaciones que brindan asistencia legal a los solicitantes de asilo y a un grupo de extranjeros directamente afectados por la política de Trump.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU que presentó la apelación, celebró la decisión como un fin a la política inhumana de la administración Trump de devolver a personas, incluyendo familias con niños pequeños, a situaciones de peligro inminente sin siquiera ofrecerles una audiencia para presentar sus casos. Gelernt enfatizó que el tribunal dejó claro que el presidente no tiene el poder unilateral de anular las leyes de asilo establecidas por el Congreso.
Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, expresó su esperanza de que el gobierno de Estados Unidos, a raíz de este fallo, recuerde su obligación de considerar las solicitudes de protección de los refugiados y se comprometa nuevamente a defender los derechos fundamentales de aquellos que buscan asilo. Su declaración refleja la preocupación de las organizaciones de derechos civiles por el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de protección de refugiados.
A pesar del fallo adverso, se espera que la Casa Blanca apele la decisión ante instancias superiores. Esto significa que la política de suspensión del asilo en la frontera sur podría seguir siendo objeto de litigio durante algún tiempo. La apelación prolongaría la incertidumbre para los solicitantes de asilo y las organizaciones que los representan.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito plantea importantes interrogantes sobre los límites del poder presidencial en materia de inmigración y asilo. El tribunal reafirmó la importancia de respetar las leyes aprobadas por el Congreso y garantizar el debido proceso a los solicitantes de asilo. El resultado final de esta batalla legal tendrá un impacto significativo en el futuro de la política migratoria de Estados Unidos y en la protección de los derechos de los refugiados en la frontera sur. La comunidad legal y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca el desarrollo de este caso, anticipando las próximas acciones de la Casa Blanca y las posibles implicaciones para los solicitantes de asilo.
