La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su extrema preocupación ante el inicio de un proceso disciplinario contra el juez superior peruano Oswaldo Ordóñez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Este proceso se desencadenó tras la participación del magistrado en una audiencia pública sobre la Situación de la independencia judicial en las Américas , realizada el 13 de noviembre de 2024 en Washington D.C. La CIDH considera que esta acción podría constituir una represalia institucional, vulnerando los estándares de protección a quienes participan en audiencias públicas del sistema interamericano.
Durante la audiencia 191 de la CIDH, Ordóñez advirtió sobre normas que, según su criterio, debilitan la autonomía del sistema de justicia peruano. Su intervención, un hecho inusual ya que fue la primera vez que asociaciones de jueces participaron directamente en un foro de este tipo, se centró en la preocupación por lo que describió como una desestabilización del sistema judicial por parte de una mayoría parlamentaria en coordinación con el Poder Ejecutivo. El magistrado cuestionó específicamente leyes relacionadas con la colaboración eficaz, la prescripción de delitos, los allanamientos y la responsabilidad penal de partidos políticos, argumentando que estas medidas limitan la autonomía de jueces y fiscales.
La CIDH ha recordado que su reglamento, en el artículo 63, obliga a los Estados a proteger a toda persona que aporte información o participe en audiencias públicas, prohibiendo cualquier forma de juicio, sanción o represalia derivada de sus declaraciones. En este contexto, la Comisión advierte que abrir un proceso disciplinario contra Ordóñez por su participación en la audiencia podría vulnerar principios fundamentales como la independencia judicial y la libertad de expresión de los magistrados.
El Poder Judicial peruano emitió un comunicado aclarando que la postura de Ordóñez no representaba una posición institucional, sino una intervención realizada a título de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, una entidad privada. Sin embargo, la CIDH mantiene su preocupación, ya que la participación de Ordóñez en la audiencia ha sido incorporada en el procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la entidad responsable de la permanencia del juez en el cargo.
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) ha expresado su respaldo a Ordóñez y ha cuestionado el proceso de ratificación impulsado por la JNJ. JUSDEM argumenta que las evaluaciones de jueces deben desarrollarse bajo parámetros estrictamente técnicos y con respeto al debido proceso. La organización ha observado especialmente que durante la entrevista de ratificación se formularan preguntas sobre la participación de Ordóñez en la audiencia ante la CIDH, lo que consideran una manifestación legítima del compromiso de los jueces con la protección de los derechos humanos y el diálogo jurídico internacional.
Advertimos que, por el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y juezas no pierden el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, participación y diálogo con instancias internacionales. Cualquier restricción a estos derechos debe ser excepcional, objetiva y estrictamente necesaria, lo que no se verifica en el presente caso , señaló JUSDEM en un comunicado. La organización ha emplazado al Estado peruano a cumplir con las exigencias establecidas por la CIDH y a garantizar evaluaciones técnicas, imparciales y libres de cualquier elemento que pueda afectar la independencia judicial.
La preocupación de la CIDH se suma a un creciente debate sobre la independencia judicial en Perú, un tema que ha generado tensiones entre los diferentes poderes del Estado. Las declaraciones de Ordóñez ante la CIDH pusieron de manifiesto las inquietudes de un sector del Poder Judicial sobre las reformas legislativas que, según sostienen, debilitan la autonomía de los jueces y fiscales. La respuesta del Poder Judicial, desvinculándose de las declaraciones de Ordóñez, y el inicio del proceso disciplinario han intensificado estas tensiones y han generado críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos.
El caso de Ordóñez podría sentar un precedente importante para la protección de la independencia judicial en Perú y en otros países de la región. La CIDH ha reiterado su compromiso de seguir de cerca la situación y de brindar apoyo a los jueces y fiscales que se enfrenten a represalias por defender su autonomía y por participar en audiencias públicas sobre temas de derechos humanos. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, que pone a prueba el compromiso de Perú con el Estado de Derecho y con la protección de los derechos fundamentales. La resolución de este conflicto será crucial para garantizar la confianza en el sistema judicial peruano y para fortalecer la democracia en el país. La JNJ deberá considerar cuidadosamente las advertencias de la CIDH y JUSDEM para asegurar un proceso de evaluación justo y transparente, que respete la libertad de expresión y la independencia judicial del magistrado Ordóñez.
