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Un oficio proveniente del Ministerio de Hacienda ha desatado un intenso debate respecto al futuro de diversos programas públicos en Chile. La misiva, en el contexto de la preparación de la Ley de Presupuestos 2027 y la programación financiera plurianual 2028-2031, sugiere ajustes presupuestarios e incluso la posible descontinuación de iniciativas en distintas carteras ministeriales.
El documento solicita a los ministerios una revisión exhaustiva de sus gastos, instándolos a formular sus anteproyectos considerando un escenario de estrechez fiscal . Esta situación, según se indica en el oficio, exige una mejora en la eficiencia del uso de los recursos públicos. En consecuencia, se insta a evaluar cada uno de los subtítulos de gasto para identificar potenciales recortes o reasignaciones presupuestarias.
El Ministerio de Educación se encuentra particularmente afectado por estas recomendaciones. Hacienda propone ajustar 42 programas y evaluar la continuidad de otras 15 iniciativas. Entre estas últimas, destaca el Programa de Alimentación Escolar (PAE), un programa crucial que proporciona alimentación a estudiantes en situación de vulnerabilidad desde el nivel prebásico hasta la educación de adultos. La posible revisión de este programa ha generado especial preocupación, dada su importancia para garantizar la seguridad alimentaria de miles de estudiantes.
El análisis de Hacienda también alcanza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Dirección de Presupuestos (Dipres) sugiere la posibilidad de descontinuar el Programa de Derechos Humanos, el cual ejecutó cerca de $1.800 millones en 2025. Adicionalmente, se proponen recortes de al menos un 15% en otras iniciativas clave, como programas de reinserción social juvenil y asistencia judicial. Estas medidas podrían tener un impacto significativo en la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia y promover la rehabilitación de jóvenes infractores.
A pesar de la magnitud de estas propuestas, el propio documento oficial aclara que se trata de insumos técnicos que forman parte del proceso de formulación presupuestaria. Por lo tanto, cualquier decisión final deberá ser discutida y aprobada por el Congreso Nacional. Esto implica que las recomendaciones de Hacienda no son vinculantes y están sujetas a debate y modificación por parte de los legisladores.
Ante la creciente polémica, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a aclarar el alcance del oficio, enfatizando que no implica la adopción de medidas definitivas. Desde el Palacio de La Moneda, el ministro explicó que este tipo de comunicaciones son parte de las revisiones habituales del gasto público que se realizan anualmente.
Lo único que se ha enviado es un oficio. Esto ocurre todos los años en el contexto de ajustes necesarios y evaluaciones que realiza la DIPRES , afirmó el ministro Quiroz. Subrayó que el objetivo de estas revisiones es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva.
El secretario de Estado precisó que las recomendaciones se centran en programas que han obtenido evaluaciones deficientes en términos de su desempeño y resultados. Sin embargo, insistió en que no existe una decisión tomada respecto a la descontinuación o recorte de ningún programa específico. Aquí no hay ninguna determinación de terminar programas; aún no estamos en la etapa de decretos de ajuste , subrayó.
En respuesta a las inquietudes generadas, el ministro Quiroz fue enfático en descartar eventuales recortes en áreas consideradas sensibles, como la alimentación y las becas estudiantiles. No va a haber ningún tipo de recorte en alimentación ni en becas , aseguró, buscando tranquilizar a la opinión pública.
No obstante, el ministro aclaró que la decisión final sobre la implementación de las recomendaciones recaerá en cada cartera sectorial, en particular en el Ministerio de Educación, que deberá definir si acoge o no las sugerencias de Hacienda en el marco del ajuste global del gasto público. Esto implica que el Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad de evaluar el impacto de los posibles recortes en la calidad y cobertura de los programas educativos.
Así, el debate sobre el futuro de los programas públicos queda abierto de cara a la discusión presupuestaria, en un escenario marcado por restricciones fiscales y la necesidad de priorizar recursos sin afectar programas considerados esenciales para el bienestar de la población. La discusión promete ser intensa y compleja, involucrando a diversos actores políticos y sociales, y poniendo de manifiesto las tensiones entre la necesidad de controlar el gasto público y la importancia de mantener los programas sociales que protegen a los más vulnerables. La transparencia en el proceso y la participación ciudadana serán fundamentales para garantizar que las decisiones finales sean justas y equitativas.
