El Ministerio de Hacienda propone un ajuste fiscal que implica la descontinuación de programas de salud por más de $300 mil millones, impactando directamente en la atención primaria, la prevención y la salud comunitaria. La medida, liderada por el ministro Jorge Quiroz, no apunta a recortes en hospitales o prestaciones de alta complejidad, sino a la primera línea de defensa del sistema sanitario, generando preocupación entre especialistas sobre un posible efecto rebote en el sistema hospitalario.
La propuesta de ajuste se centra en la eliminación o reducción significativa de una batería de programas clave que, en conjunto, superan los $300 mil millones. Entre ellos, destacan iniciativas de salud mental, programas de farmacia y odontología, así como los cuidados comunitarios. A estos se suman más de una decena de iniciativas menores en áreas como salud escolar, prevención del suicidio, programas de alcohol y drogas, atención a la demencia y atención a migrantes. El patrón es claro: los recortes se concentran en la Atención Primaria de Salud (APS), que es el primer punto de contacto de la población con el sistema.
Programas como la hospitalización domiciliaria, que permite atender a pacientes en sus hogares y descongestionar los hospitales, y el Fondo de Apoyo para la Adquisición de Medicamentos (FOFAR), que financia medicamentos para enfermedades crónicas, se encuentran en la mira del ajuste. Si bien su eliminación no implica necesariamente la desaparición inmediata de las prestaciones, sí reduce las herramientas operativas para sostenerlas, especialmente en comunas con menor capacidad instalada. Esto podría significar un acceso más limitado a estos servicios para la población más vulnerable.
El ajuste también golpea áreas sensibles del sistema, como los programas de salud mental, que enfrentan una creciente demanda debido al aumento de problemas de salud mental en la población. La eliminación de programas de prevención y atención temprana podría agravar esta situación, generando un mayor costo para el sistema a largo plazo. De igual forma, los recortes en programas de odontología temprana podrían tener consecuencias negativas en la salud bucal de la población, lo que a su vez podría generar problemas de salud más graves en el futuro.
Especialistas han advertido que reducir programas preventivos y comunitarios tiende a generar un efecto rebote en el sistema: lo que no se resuelve en atención primaria termina llegando a hospitales, con mayor costo y complejidad. En esa lógica, programas como la hospitalización domiciliaria o la atención odontológica temprana no solo mejoran la calidad de vida de las personas, sino que también evitan intervenciones más costosas a futuro. La prevención, en este sentido, se presenta como una inversión a largo plazo que podría generar ahorros significativos para el sistema de salud.
Desde Hacienda, se justifica el ajuste argumentando la necesidad de contener el gasto corriente y focalizar los recursos en funciones esenciales. La circular presupuestaria plantea la necesidad de un ajuste estructural tras años de expansión del gasto público. Sin embargo, en salud, ese ajuste se concentra en programas que operan fuera del sistema hospitalario, pero que son fundamentales para sostener su funcionamiento. La lógica del Ministerio de Hacienda es que se deben priorizar las funciones esenciales del Estado, pero los críticos argumentan que la atención primaria y la prevención son precisamente funciones esenciales para garantizar el acceso a la salud y mejorar la calidad de vida de la población.
Aunque el monto del recorte sobre $300 mil millones es significativo, el debate no se limita al tamaño del ajuste, sino a su foco. La preocupación radica en que los recortes se concentren en programas que impactan directamente en el acceso, la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida de la población. En un sistema de salud ya exigido, la pregunta que queda abierta es cómo se absorberán estos ajustes sin trasladar el costo a los usuarios.
La eliminación de estos programas podría generar una mayor demanda en los hospitales, que ya se encuentran saturados. Esto podría traducirse en mayores tiempos de espera para las consultas y los procedimientos, así como en una menor calidad de la atención. Además, los recortes podrían afectar a la población más vulnerable, que depende en gran medida de los programas de atención primaria y prevención para acceder a los servicios de salud.
El futuro de estos programas es incierto. El Ministerio de Salud deberá presentar un plan de ajuste que detalle cómo se implementarán los recortes y cómo se mitigarán sus efectos negativos. La sociedad civil y los especialistas en salud estarán atentos a este plan, exigiendo transparencia y participación en la toma de decisiones. El debate sobre el financiamiento de la salud y la priorización de los recursos se presenta como un desafío clave para el gobierno. La búsqueda de un equilibrio entre la contención del gasto y la garantía del acceso a la salud será fundamental para asegurar el bienestar de la población.
