Una mujer sin título médico habría trabajado durante meses en hospitales del interior de Chaco, atendiendo pacientes, firmando certificados de defunción y utilizando una matrícula ajena. El caso, que ha generado alarma en el sistema de salud provincial, expone fallas estructurales y pone en tela de juicio los mecanismos de control implementados por el Ministerio de Salud, encabezado por Sergio Rodríguez. La sospechosa, cuya identidad real aún está siendo investigada, se encuentra actualmente prófuga.
La investigación se inició a raíz de las dudas expresadas por el director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila, quien observó falta de capacitación en la profesional. Estas dudas rápidamente se convirtieron en sospechas, ya que enfermeras debieron intervenir en diversas ocasiones para corregir procedimientos y asumir tareas que le correspondían a la supuesta médica, especialmente durante un evento deportivo en la Copa Indunor, donde su falta de formación quedó en evidencia. Las irregularidades se repitieron en guardias de hospitales en Quitilipi y Presidencia de la Plaza.
La verificación administrativa confirmó las sospechas: el número de documento de la mujer no coincidía con la matrícula que utilizaba, la cual pertenecía a un médico varón del ámbito privado, ajeno a la situación. Ante este hallazgo, se radicó una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título, quedando la causa a cargo del fiscal Marcelo Soto.
El dato más preocupante de la investigación reveló que la mujer firmó al menos nueve certificados de defunción, certificando muertes sin contar con la habilitación legal correspondiente. Su firma aparece en registros electrónicos, libros de guardia y derivaciones al hospital 4 de Junio, validando una práctica profesional inexistente.
La identidad de la sospechosa es confusa. Testimonios indican que se presentaba como oriunda de Formosa, residente de Corrientes y con vínculos en Paraguay. También habría trabajado como cuidadora domiciliaria en Sáenz Peña, donde se identificaba como enfermera. Tras la denuncia, desapareció sin dejar rastro, complicando aún más la investigación.
El Ministerio de Salud, a través de un comunicado de prensa, aseguró que fue la propia cartera la que impulsó la denuncia y activó los protocolos correspondientes. El ministro Sergio Rodríguez afirmó que la mujer no formaba parte del plantel formal del Ministerio y que se investiga cómo accedió al sistema, bajo qué modalidad trabajaba y quién validó su presencia en las guardias.
La investigación se desarrolla en dos frentes: el judicial, que determinará las responsabilidades penales, y el administrativo, que analizará posibles fallas internas en los mecanismos de control. El comunicado de Salud enfatiza que la persona señalada NO pertenece al plantel formal del Ministerio, por lo que también se investiga de qué manera habría accedido al hospital y bajo qué condiciones percibía ingresos .
El caso plantea interrogantes fundamentales sobre la efectividad de los controles en el sistema sanitario chaqueño. ¿Cómo fue posible que una persona sin título médico trabajara durante meses sin ser detectada? ¿Fallaron los controles de personal? ¿Hubo negligencia en la verificación de las credenciales? ¿O simplemente no existían los mecanismos adecuados para prevenir este tipo de situaciones?
El escándalo pone de manifiesto una grieta profunda en el sistema sanitario: la fragilidad de los controles en un área donde los errores pueden tener consecuencias irreversibles. No se trata solo de una impostora, sino de pacientes atendidos, decisiones médicas tomadas y vidas que estuvieron en manos de una persona no calificada.
La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, se vio envuelta en una situación paralela, debiendo abonar una indemnización de $18 millones tras una condena civil derivada de un tuit que, potencialmente, aludía a una denuncia por violencia de género contra el presidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), Livio Gutiérrez.
Por otro lado, los productores rurales de la región expresaron su preocupación por el avance del abigeato, un delito que sigue sin una respuesta judicial acorde a su gravedad, proponiendo la creación de mecanismos más efectivos para combatir esta problemática.
El Ministerio de Salud insiste en que la investigación avanza y que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Sin embargo, la falta de respuestas concretas y la fuga de la sospechosa no hacen más que profundizar la desconfianza en el sistema sanitario chaqueño y la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y verificación de personal. La comunidad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar la seguridad y la calidad de la atención médica en la provincia.
