Las inversiones por $5.000 millones en el Polo Turístico Golfo de Papagayo se encuentran paralizadas tras una orden judicial que prohíbe la tala de árboles en la zona, generando incertidumbre en el sector turístico y poniendo en riesgo miles de empleos. La medida cautelar, emitida por el magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional el pasado 17 de abril, responde a una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que regula el desarrollo inmobiliario en el área.
Rodrigo Castro, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo), quien agrupa a los 30 desarrolladores de la zona, alertó sobre el impacto de esta paralización. Según Castro, $3.000 millones en proyectos en desarrollo se han visto detenidos, además de afectar las reinversiones en los $2.000 millones ya invertidos en proyectos en operación. Año con año los hoteles se renuevan para mantenerse competitivos , explicó Castro, quien también fue exministro de Turismo.
La medida cautelar se originó tras la reciente autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A. para talar 748 árboles con el fin de iniciar las obras del proyecto Bahía Papagayo. Sin embargo, la orden judicial no solo afecta este proyecto específico, sino que, según Castro, paraliza todo Papagayo .
Asopapagayo ha solicitado a los magistrados revisar la medida y declararla nula, argumentando que el marco jurídico del Polo Turístico, establecido desde 1979 cuando fue declarado de interés público, permite el desarrollo de solo el 30% del terreno, conservando el 70% restante. Castro defiende que este esquema ha sido clave para atraer inversiones de alto nivel y garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Hay un Four Seasons, un Andaz, recientemente un Ritz-Carlton, a la par un Waldorf Astoria, hay Marriott Autograph por todos lados, está Barceló... Las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo han escogido el Polo Turístico Golfo de Papagayo para establecer ahí los negocios , subrayó Castro, destacando la reputación del destino.
La paralización de las inversiones preocupa especialmente por el impacto en el empleo. El Polo Turístico genera cerca de 5.000 empleos directos y 13.500 indirectos, y la incertidumbre generada por la orden judicial podría poner en riesgo estas fuentes de trabajo.
Martí Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), reconoció que, si bien aún no se perciben efectos concretos en las decisiones de inversión extranjera, la paralización de proyectos con permisos correspondientes puede generar señales de incertidumbre en el clima de inversión. Es importante señalar que la paralización de proyectos que cuentan con los permisos correspondientes puede generar señales de incertidumbre en el clima de inversión , advirtió Jiménez.
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha presentado una gestión de adición y aclaración ante la Sala Constitucional para precisar el alcance de la decisión, argumentando que no queda suficientemente claro su alcance objetivo y subjetivo.
La Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) prefirió no emitir comentarios sobre el caso específico de Enjoy Group, según informó su directora ejecutiva, Flora Ayub, a través de WhatsApp.
La decisión de la Sala Constitucional se basó en la solicitud de medidas cautelares presentada por un ciudadano identificado como Xatruch Ovares. El magistrado Cruz fijó tres disposiciones específicas en su resolución.
Castro lamentó la situación, afirmando: Hoy tenemos que decirles a los inversionistas nacionales e internacionales que en este momento no se puede hacer, que todo está suspendido . La preocupación de Asopapagayo radica en que la medida judicial pone en riesgo la seguridad jurídica que ha atraído inversiones de alto nivel al Polo Turístico Golfo de Papagayo durante décadas. La asociación espera que la Sala Constitucional revise la medida y considere el impacto negativo que está teniendo en el desarrollo turístico y económico de la región. La situación se mantiene en observación, a la espera de una resolución definitiva que determine el futuro de las inversiones en este importante destino turístico costarricense.
