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El Congreso de la República busca asegurar el cumplimiento de la ley que permite a los trabajadores bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) recibir gratificaciones y Compensación de Tiempo de Servicios (CTS), a pesar de las previas alertas fiscales. La congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, ha presentado el proyecto de ley 14458/2025-CR, con el objetivo de agilizar la entrega de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las entidades públicas que deseen cumplir con esta normativa.
La iniciativa legislativa establece topes temporales para la respuesta del MEF a las solicitudes de las entidades, buscando evitar demoras en el pago de la gratificación por Fiestas Patrias del Año Fiscal 2026. La prioridad se centra en el desembolso a partir del mes de julio.
El proyecto de ley propone que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF brinde un trámite prioritario y preferente a cada solicitud presentada por las entidades para cumplir con la Ley N. 32563, que oficializó el pago de la grati y CTS para los CAS. Se establece un plazo máximo de 5 días hábiles para que el MEF responda a cada expediente completo.
Para acelerar aún más el proceso, la congresista Portalatino limita la posibilidad de que el MEF solicite subsanaciones a los pedidos presupuestales dentro de esos 5 días hábiles. Esta restricción busca reducir el tiempo de atención y evitar dilaciones innecesarias. En caso de que se identifiquen observaciones, estas deberán ser formuladas por única vez dentro del mismo plazo, bajo responsabilidad funcional de los funcionarios a cargo.
La propuesta también extiende esta exigencia de rapidez a las propias entidades públicas. Estas deberán adoptar todas las acciones administrativas, presupuestarias y de gestión necesarias para pagar la gratificación de julio, así como implementar progresivamente la CTS. De igual manera, deberán solicitar al MEF los desembolsos o las facilidades para modificar su presupuesto, también bajo responsabilidad funcional .
En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista Portalatino destaca que esta medida beneficiará a más de 348 mil servidores públicos y tendrá un costo anual estimado de S/ 2,800 millones para el Estado.
La insistencia del Congreso en garantizar estos beneficios para los trabajadores CAS se produce luego de que se impulsara la ley inicial, a pesar de las advertencias sobre su impacto fiscal. La preocupación radica en que la implementación de la gratificación y la CTS para este régimen laboral pueda generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto económico desafiante.
El MEF, por su parte, ha expresado en diversas ocasiones su cautela respecto a la sostenibilidad fiscal de esta medida. Argumenta que el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS implica un aumento significativo del gasto público, lo que podría afectar la capacidad del Estado para financiar otras prioridades, como la inversión en infraestructura, salud y educación.
La propuesta de la congresista Portalatino busca, en esencia, establecer un marco temporal claro y vinculante para que el MEF agilice la entrega de recursos a las entidades públicas. Al limitar la posibilidad de solicitar subsanaciones y establecer plazos estrictos para la respuesta, se busca evitar demoras que puedan impedir el pago de la gratificación en julio y la implementación progresiva de la CTS.
Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá en gran medida de la capacidad del MEF para gestionar las solicitudes de manera eficiente y de la voluntad política de las entidades públicas para adoptar las acciones necesarias para cumplir con la normativa.
El debate sobre el financiamiento de la gratificación y la CTS para los trabajadores CAS sigue abierto. La congresista Portalatino argumenta que esta medida es una cuestión de justicia social y que los trabajadores CAS merecen recibir los mismos beneficios que los trabajadores del régimen laboral tradicional. Por otro lado, los críticos advierten sobre el riesgo de un mayor endeudamiento público y la necesidad de priorizar la estabilidad fiscal.
La aprobación del proyecto de ley 14458/2025-CR en el Congreso y su eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo serán determinantes para el futuro de los trabajadores CAS y para la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. El seguimiento de este proceso legislativo y su impacto en la economía peruana será crucial en los próximos meses.
La presión del Congreso al MEF refleja una tensión latente entre el poder legislativo y el ejecutivo en materia de política fiscal. La insistencia en la implementación de medidas que implican un mayor gasto público, a pesar de las advertencias del MEF, plantea interrogantes sobre la independencia del Congreso y su capacidad para tomar decisiones responsables en materia económica.
En conclusión, la iniciativa de la congresista Portalatino representa un intento por garantizar el cumplimiento de una ley que ha generado controversia desde su aprobación. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del MEF para gestionar las solicitudes de manera eficiente y de la voluntad política de las entidades públicas para adoptar las medidas necesarias para cumplir con la normativa, sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
