La Oficina del Sheriff del Condado de Orange y el Departamento de Seguridad Nacional han desmantelado una extensa red de fraude migratorio en Florida, considerada la operación más grande de su tipo en Estados Unidos hasta la fecha. La agencia Legacy Immigrant, con sede en Orlando, estafó a cientos de inmigrantes, principalmente de Brasil, por más de 20 millones de dólares en un período de tres años, prometiendo falsamente la regularización de su estatus migratorio.
Cuatro individuos han sido arrestados en relación con el esquema fraudulento: Wagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos y Lucas Felipe Trindade Silva. Se les imputan cargos de crimen organizado, fraude, extorsión y ejercicio ilegal de la abogacía. Según el sheriff John Mina, los acusados se enriquecieron mediante un modelo de negocio basado en el fraude, las mentiras y la extorsión .
La investigación se inició en septiembre, tras recibir el Colegio de Abogados de Florida múltiples quejas contra Legacy Immigrant. Las denuncias revelaron que los responsables se hacían pasar por abogados, cobrando elevadas sumas de dinero a los inmigrantes a cambio de servicios legales que nunca se prestaban. Las víctimas, desesperadas por regularizar su situación, confiaron en las promesas de la agencia, solo para descubrir que sus fondos se habían esfumado sin obtener ningún resultado.
Las tácticas empleadas por la organización eran particularmente insidiosas. Las autoridades detallaron que los implicados abrían cuentas de correo electrónico a nombre de los clientes sin su consentimiento y retenían documentos migratorios cruciales para exigir pagos adicionales. Bajo la amenaza de perder sus expedientes o arruinar sus posibilidades de obtener un estatus legal, las víctimas eran presionadas para entregar más dinero.
Las pérdidas individuales reportadas por las víctimas oscilan entre 2.500 y 26.000 dólares. La agencia logró acumular la suma millonaria de 20 millones de dólares en tan solo tres años, aprovechándose de la vulnerabilidad y la falta de conocimiento de las leyes migratorias por parte de los inmigrantes. Las víctimas se encuentran distribuidas en varios estados, incluyendo Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey.
La sede de Legacy Immigrant, ubicada en 7.075 Kingspointe Parkway, Orlando, fue objeto de allanamientos y detenciones esta semana. Durante el operativo conjunto, las fuerzas de seguridad también identificaron a otras personas presentes en el lugar, algunas de las cuales podrían enfrentar procesos de deportación.
El fraude se produjo en un momento de alta demanda de asesoría migratoria, lo que facilitó a los responsables la captación de víctimas. Los acusados se aprovecharon de la desesperación de quienes buscaban ayuda para regularizar su estatus, ofreciendo falsas esperanzas y cobrando precios exorbitantes por servicios inexistentes. Si bien la mayoría de los afectados son brasileños, también se han identificado víctimas de otras nacionalidades.
Las autoridades federales advierten que la cifra de víctimas podría ser aún mayor, ya que muchos temen denunciar por su situación migratoria irregular. Para alentar a las víctimas a colaborar con la investigación, el sheriff John Mina ha asegurado que la prioridad de las autoridades es identificar a todas las personas afectadas y brindarles el apoyo necesario. Además, ha recordado que quienes colaboren con la justicia podrían ser elegibles para obtener una visa U, que protege a las víctimas de delitos y las ayuda a obtener un estatus legal.
Organizaciones de defensa de migrantes y abogados especializados han intensificado su labor para brindar asistencia legal a los perjudicados. Se ha recordado a la comunidad inmigrante que solo deben consultar a profesionales con licencia válida y evitar caer en las trampas de agencias fraudulentas. Las autoridades han exhortado a cualquier persona que haya tenido contacto con Legacy Immigrant a denunciar, incluso si teme por su situación migratoria.
El caso ha atraído la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la magnitud del fraude y el alcance de la operación. La investigación continúa en curso y no se descarta la posibilidad de que surjan nuevos implicados o cargos a medida que se avance en las pesquisas. Las autoridades están comprometidas con llevar a los responsables ante la justicia y proteger a la comunidad inmigrante de futuros fraudes.
