El Tribunal Oral Federal 5 de San Isidro se prepara para iniciar el juicio a seis personas y cinco sociedades vinculadas al ex senador nacional Edgardo Kueider, aunque el ex legislador no estará presente en esta etapa procesal. La acusación se centra en maniobras presuntamente utilizadas para ocultar un crecimiento patrimonial desproporcionado en relación a sus ingresos declarados. Los cargos que enfrentarán los acusados son lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos.
La investigación que derivó en este juicio fue llevada adelante por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal de la jurisdicción, Federico Domínguez. Ambos funcionarios consideraron que las acciones de Kueider apuntaban a encubrir el incremento de su patrimonio a través de fondos de origen ilícito, presuntamente provenientes de actos de corrupción.
En el banquillo de los acusados se sentarán Daniel González, conocido como Gonzalito o Pajarito , y su primo Javier Rubel, quienes formaron parte de la sociedad Betail SA, la cual, según la fiscalía, funcionó como una fachada para ocultar los fondos. Junto a ellos, se juzgará al contador José Carlos Noguera, su esposa Gabriela Saint Pierre, la empleada de su estudio Débora Ferreyra, y Adriana Crucitta, pareja de González.
Además de las personas físicas, la acusación se extiende a seis sociedades: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa, Industrial Argentina SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística. Betail SA, sin embargo, quedó excluida de esta instancia del proceso judicial.
La defensa de los acusados planea basar su estrategia en argumentos formales y materiales, buscando cuestionar la validez del proceso. Uno de los puntos centrales de su defensa radica en la falta de definición sobre la competencia para investigar a Kueider, ya que existe otro proceso paralelo en Concordia, a cargo del juez entrerriano Ives Bastián y el fiscal José Arias, que investiga al ex senador por los mismos delitos. La defensa argumenta que el juicio no puede avanzar mientras la Corte Suprema no resuelva el conflicto de competencia, una resolución que se encuentra pendiente desde noviembre del año pasado en el escritorio del procurador general Eduardo Casal.
Otro argumento de la defensa se centra en la ausencia de Kueider en el banquillo de los acusados. Los abogados sostienen que es inaceptable llevar adelante un juicio sin la presencia del principal implicado, quien, además, aún no ha sido indagado. Un letrado que representa a varios de los imputados comentó a Infobae que ni siquiera se lo indagó aún .
Sin embargo, fuentes de la Justicia Federal, ajenas al expediente, sostienen que el juicio puede desarrollarse a pesar de estas cuestiones pendientes. En relación con el conflicto de competencia, argumentan que no es un impedimento para avanzar con el procesamiento de los demás acusados. De manera similar, en cuanto a la ausencia de Kueider, señalan que es posible juzgar a los demás implicados, citando como ejemplo casos en los que miembros de una banda criminal están prófugos. En tales situaciones, las audiencias contra los miembros capturados pueden llevarse a cabo sin problemas, y un juicio posterior podría realizarse si los prófugos son aprehendidos.
La defensa también planteará la necesidad de realizar una instrucción suplementaria, con el objetivo de incorporar a la causa pruebas que, según su criterio, Arroyo Salgado y Domínguez omitieron durante la investigación. El Tribunal Oral Federal 5 deberá evaluar la pertinencia de estas pruebas y determinar si se trata de un intento de dilación del proceso por parte de la defensa.
El TOF 5, integrado por la jueza María Claudia Morgese Martín y los jueces Silvina Mayorga y Walter Benditti, tendrá la tarea de analizar cuidadosamente los argumentos de ambas partes y decidir si existen elementos suficientes para condenar a los acusados por los delitos que se les imputan. El juicio promete ser complejo y podría arrojar luz sobre las presuntas maniobras de lavado de activos y ocultamiento de patrimonio que involucran al ex senador Edgardo Kueider y su entorno. La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Argentina.
