El Poder Ejecutivo dio por concluidas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al 2027, tras no alcanzar un acuerdo con el Consejo Nacional de Rectores (Conare). La ruptura del diálogo plantea interrogantes sobre el futuro de los recursos adicionales solicitados por las universidades públicas.
Durante una sesión en Casa Presidencial el pasado martes 21 de abril, los rectores de las universidades estatales propusieron un aumento del 2,94% para el FEES, lo que equivale a más de 17 mil millones. Adicionalmente, solicitaron el giro de 11.521 millones correspondientes a fondos postergados del FEES 2025 y sugirieron que las negociaciones se realicen cada cuatro años.
Sin embargo, el Gobierno rechazó estas propuestas, calificándolas como "demandas irracionales y abusivas". La posición oficial se mantiene en un incremento del 0% sobre el monto constitucional de 593.484 millones.
Tras la sesión, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, anunció el cierre de la negociación por parte del Gobierno, dejando la decisión final en manos de la Asamblea Legislativa. "Nosotros hemos cerrado por parte del Gobierno la negociación y esto se tendrá que discutir en la Asamblea Legislativa", declaró a los medios.
Esta no sería la primera vez que el Congreso interviene en la asignación de recursos universitarios. En 2024, la Comisión de Hacendarios aprobó un aumento del 2% para las universidades públicas, resultado de un acuerdo entre legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Este incremento, equivalente a 11.521 millones, debía ser transferido por el Ministerio de Hacienda.
No obstante, hasta la fecha, estos fondos no han sido girados, coincidiendo con los mismos recursos que ahora reclaman los rectores. En ese momento, el Ministerio de Hacienda condicionó el desembolso a la aprobación del proyecto de emisión de eurobonos. Posteriormente, la Sala Constitucional condenó a Hacienda por no transferir el presupuesto asignado para 2025, correspondiente a ese 2% adicional del FEES.
Conare, por su parte, argumenta que la negociación no puede considerarse terminada, ya que existe una sesión adicional programada para julio de 2026, según lo establecido en el convenio firmado entre ambas partes el año anterior.
"Cuando nosotros decimos que seguimos en negociación es porque el artículo 2 del convenio del FEES para el año 2026 tiene establecida otra sesión de Comisión de Enlace para revisar la inflación a junio de este año", explicó Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente de Conare, a CR Hoy.
De acuerdo con el convenio, del cual este medio tiene una copia, en julio se revisará la inflación acumulada y, si supera el 1% y hasta el 1,5%, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar recursos adicionales en el presupuesto extraordinario siguiente, es decir, en el FEES 2027.
El convenio fue firmado por los cinco rectores de las universidades públicas: María Estrada Sánchez (TEC), William Rojas Meléndez (UTN), Carlos Araya Leandro (UCR), Rodrigo Arias Camacho (UNED) y Jorge Herrera (UNA). Por parte del Gobierno, lo suscribieron el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez; el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora; y el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Marlon Navarro Álvarez. También contó con la firma de la representante estudiantil, Raquel Loría Quesada.
Además, las universidades se comprometieron a avanzar en una redistribución más equitativa de los recursos internos del fondo, en el marco de los acuerdos tomados por Conare. La situación actual deja en suspenso el financiamiento de las universidades públicas y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el sector educativo superior. El desenlace de esta disputa se determinará en la Asamblea Legislativa, donde se espera un debate intenso sobre la prioridad que se le dará a la educación superior en el presupuesto nacional. La falta de acuerdo podría afectar la calidad de la enseñanza, la investigación y el desarrollo de proyectos universitarios, con consecuencias a largo plazo para el país. La incertidumbre se cierne sobre el futuro del FEES y la capacidad de las universidades públicas para cumplir con su misión de formar profesionales y generar conocimiento.
