El Gobierno de José Antonio Kast ingresó este miércoles su proyecto estrella, el Plan de Reconstrucción Nacional, tras una firma presidencial a las 7:30 de la mañana y días de tensas negociaciones que lo han transformado significativamente desde su diseño original. La iniciativa llega al Congreso con un número incierto de apoyos, dependiendo crucialmente de la decisión del Partido de la Gente (PDG), que se ha convertido en la llave para su aprobación.
El Ejecutivo inició la semana con apenas 76 votos asegurados, necesitando al menos 78 para superar la fase inicial de la legislación. La meta original de 90 apoyos parece ahora inalcanzable, lo que ha elevado la importancia del PDG a niveles críticos. La bancada, liderada por Juan Marcelo Valenzuela, ha mantenido una postura negociadora compleja, con Franco Parisi expresando públicamente su oposición a la iniciativa mientras sus diputados exploraban posibles acuerdos.
Durante el lunes, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunió con los diputados del PDG, seguida de una reunión telemática con Hacienda, sin llegar a un acuerdo inmediato. Las conversaciones continuaron el martes, prolongándose hasta pasadas las 21:00 horas, y se pospuso la comunicación pública de la decisión del partido hasta este miércoles.
El retraso en el ingreso del proyecto al Congreso se atribuyó a estas negociaciones en curso. El oficialismo admitió que el texto se ha ido ajustando para sumar apoyos, mientras que el PDG afirma que el retraso es resultado directo de su presión. La bancada ha planteado condiciones concretas, incluyendo la rebaja del IVA a medicamentos y pañales, así como medidas de apoyo a la clase media.
La influencia de Franco Parisi sobre la bancada ha sido evidente, con el ministro Quiroz contactándolo directamente para buscar una solución. El Gobierno ha instruido a sus representantes a mantener el diálogo abierto con los diputados del PDG, reconociendo su importancia para la aprobación del proyecto.
En medio de las conversaciones, se han abierto espacios para ajustes en áreas como medicamentos, se ha explorado un régimen especial para pymes y se han considerado fórmulas intermedias, como la presentación de beneficios en iniciativas paralelas. Todos estos esfuerzos buscan asegurar los votos necesarios para “legitimar” el paquete de medidas.
La oposición ha criticado duramente las negociaciones, acusando al PDG de “dilapidar su capital político” al apoyar una rebaja de impuestos al gran empresariado y denunciando un “pirquineo antidemocrático” de votos. Partidos como la DC y el PPD han manifestado que no apoyarán el proyecto sin cambios estructurales significativos.
Ante la dificultad de obtener el apoyo de la oposición, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en conversaciones con Demócratas, donde ha visto señales más positivas, especialmente en el Senado, y ha mantenido canales abiertos con el Frente Amplio. Sin embargo, la realidad es que, sin el apoyo del PDG, alcanzar la meta de votos necesaria para la aprobación del proyecto se presenta como un desafío insuperable.
La situación se complica aún más por las tensiones internas dentro del Gobierno. Mientras Hacienda aboga por una línea más rígida, los ministros políticos, como el de Interior y Segpres, buscan flexibilizar el diseño del proyecto para evitar un choque en el Congreso.
El resultado de estas negociaciones es un proyecto en constante mutación, reescrito en tiempo real para adaptarse a las demandas de los diferentes actores involucrados. Con el reloj corriendo y la presión por la asignación de recursos de reconstrucción aumentando a fin de mes, el Gobierno ha dado el paso de enviar el proyecto al Congreso, aunque sin un terreno despejado.
El arribo del proyecto al Congreso es ajustado, negociado y depende de una bancada que, según sus propias palabras, tiene el poder de “mover toda la estantería”. La incertidumbre sobre el futuro del Plan de Reconstrucción Nacional es alta, y su aprobación final dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener el diálogo abierto y llegar a acuerdos con el PDG y otros partidos clave. La oposición, por su parte, se mantiene firme en su crítica y exige cambios sustanciales al proyecto antes de considerar su apoyo.
