El presidente Gustavo Petro ordenó detener los acercamientos con la disidencia de las Farc liderada por alias Calarcá tras denuncias de incumplimientos en la mesa de diálogo y un recrudecimiento de los ataques contra la Fuerza Pública. La decisión, anunciada durante el Consejo de Ministros del martes 21 de abril, refleja la creciente frustración del gobierno frente a la falta de avances concretos en el proceso de paz con este grupo armado.
Petro fue enfático al señalar que no es posible continuar negociando bajo las condiciones actuales. Le he pedido a Otty Patiño que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó fue a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer? , declaró el mandatario, cuestionando la seriedad de las negociaciones. El presidente insistió en que cualquier proceso de paz debe basarse en compromisos verificables y no en mentiras .
La Fuerza Pública ha reportado que las disidencias de Calarcá han continuado con sus actividades armadas y la expansión territorial a pesar de los acuerdos alcanzados desde la instalación de la mesa de diálogo en octubre de 2023. Entre los hechos más graves atribuidos a este grupo se encuentra la masacre de 26 disidentes en Guaviare en enero, en la que predominaban rivales de la facción de Mordisco , y el ataque a un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025. Además, se han registrado ataques contra tropas que han dejado uniformados muertos.
El gobierno también denuncia incumplimientos en compromisos clave, como la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente del país, un punto central de las conversaciones. Petro también acusó a Calarcá de cometer crímenes de guerra contra sus rivales, lo que agrava aún más la situación.
La decisión presidencial se produce en un contexto de creciente inestabilidad en el orden público. Recientemente, tres soldados fueron asesinados en zona rural de Ipiales, Nariño, en combates que involucraron el uso de drones con explosivos, atribuidos a estructuras armadas ilegales. Petro también destacó la fractura entre las disidencias, señalando que la facción de Calarcá se separó del grupo de Mordisco y conformó el Estado Mayor de Bloques y Frente, lo que ha complicado la consolidación de los diálogos.
El mandatario también abordó la situación en las regiones de frontera y la presencia de estructuras como el Estado Mayor Central, al mando de alias Mordisco . Durante el Consejo de Ministros, Petro vinculó las actividades económicas ilegales con el conflicto armado y el impacto ambiental, denunciando el lavado de activos a través de créditos a la palma africana ilegal y la ganadería ilegal en la selva amazónica. También criticó la participación de Fedegán en la vacunación de ganado en zonas de la selva, acusándola de promover la deforestación.
Petro también criticó la falta de acción internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, para combatir el lavado de activos y la destrucción ambiental. El Gobierno de Estados Unidos debe guiarse por la ciencia La ciencia indica que no se puede promover la destrucción de la selva amazónica para nada , afirmó.
La decisión del Ejecutivo coincide con la solicitud de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de levantar la suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá , argumentando que ha continuado delinquiendo durante el proceso de diálogo. Mientras tanto, delegaciones del Gobierno y del grupo armado se reunieron a finales de marzo en los Llanos del Yarí, entre Meta y Caquetá, para hacer seguimiento a los compromisos correspondientes a los meses de febrero y marzo.
Alias Calarcá es identificado como uno de los principales comandantes del denominado Estado Mayor de Bloques, una de las estructuras disidentes de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Su organización tiene presencia en departamentos como Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta, donde ha sido señalada por delitos como extorsión, secuestro y homicidio, además de afectar a la población civil.
Las disidencias de Calarcá estuvieron cobijadas por un cese al fuego bilateral durante 733 días en el marco de la política de paz del Gobierno. Sin embargo, la senadora Paloma Valencia ha cuestionado los resultados de esta medida, afirmando que durante ese periodo el grupo habría incrementado su capacidad armada, llegando a casi 3.000 hombres.
El panorama de negociación con grupos armados también incluye procesos con otras organizaciones. El ELN, por ejemplo, mantuvo un cese al fuego durante 538 días, aunque las conversaciones se encuentran suspendidas desde el año anterior tras una escalada de violencia en el Catatumbo. Otras estructuras como el Clan del Golfo y disidencias de la Segunda Marquetalia también han estado vinculadas a mecanismos similares por periodos más cortos. La decisión de frenar los diálogos con Calarcá representa un duro golpe para la política de paz total del gobierno Petro y plantea interrogantes sobre el futuro de las negociaciones con otros grupos armados.
