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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra bajo escrutinio público debido a la prolongada demora en la entrega de los resultados oficiales de las elecciones generales en Perú. Esta lentitud ha generado un clima de incertidumbre y ha provocado reclamos de transparencia por parte de diversos sectores políticos y de la ciudadanía. A medida que avanza la semana, la falta de definiciones claras sobre los candidatos que pasarán a la segunda vuelta intensifica el debate nacional.
Según los datos más recientes proporcionados por la ONPE, el conteo general ha alcanzado el 93.850%. Sin embargo, desde la noche del lunes 20 hasta la mañana del martes 21, no se ha registrado un avance significativo en las cifras. El organismo electoral explica que de las 92.766 actas totales, un 6.067% ha sido remitido al Jurado Electoral Especial para resolver observaciones, mientras que solo un 0.083% permanece pendiente de procesamiento.
La candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera actualmente la contienda con el 17.047% de los votos válidos, equivalentes a 2,695,457 sufragios. La lucha por el segundo lugar se presenta reñida entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12.010% (1,899,064 votos), y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11.917% (1,884,279 votos). La diferencia entre ambos candidatos es mínima, apenas 1.5 puntos porcentuales, lo que mantiene la expectativa sobre el resultado final.
Otros candidatos que figuran en la contienda son Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11.059% (1,748,580 votos), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) con 10.169% (1,607,877 votos), Carlos Álvarez (Partido País para Todos) con 7.884% (1,246,583 votos), Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 7.347% (1,161,767 votos), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) con 3.429% (542,198 votos) y Carlos Espá (Partido Sicreo) con 3.375% (533,630 votos).
La ONPE ha habilitado una plataforma web que permite el acceso a los resultados y la visualización de las actas digitalizadas, así como el seguimiento del conteo desde los 126 centros de cómputo a nivel nacional. La institución asegura que el sistema permite auditar cada etapa del proceso y garantiza que las cifras corresponden exclusivamente al cómputo oficial, descartando proyecciones. Se priorizó el procesamiento de votos provenientes del extranjero y de áreas donde se implementó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).
Para fortalecer la confianza ciudadana, se realizó una puesta a cero de los servidores bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La ONPE ha reiterado que cada organización política puede descargar y verificar los datos de manera masiva, sin embargo, esto no ha impedido que surjan críticas y sospechas sobre la transparencia y la velocidad del conteo.
La principal causa de la demora en el anuncio oficial radica en la existencia de actas observadas e impugnadas, las cuales requieren una revisión adicional por parte de los jurados electorales especiales. Estas actas provienen, en algunos casos, de zonas alejadas o enfrentan dificultades logísticas, lo que complica su pronta resolución.
La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, ha anticipado que el país conocerá por lo menos los resultados presidenciales a mediados de mayo, fecha en la que se espera que el conteo haya finalizado y se hayan resuelto todas las incidencias. La segunda vuelta, programada para el 7 de junio, dependerá de la definición de los candidatos que la disputarán.
La ONPE y el JNE han enfatizado que la transparencia y la minuciosidad en la revisión de las actas son prioritarias, a pesar de las presiones políticas y sociales por conocer el desenlace. La cantidad de votos en disputa podría modificar el resultado de la primera vuelta, especialmente en la definición del segundo lugar.
La ciudadanía y los partidos políticos permanecen atentos a cada actualización, mientras el país aguarda la definición de los dos contendientes que disputarán la presidencia en la segunda vuelta. La demora no solo se debe a aspectos técnicos, sino también a la necesidad de procesar los votos del extranjero y de zonas rurales de difícil acceso. El cronograma electoral mantiene en vilo a las organizaciones políticas, que preparan sus estrategias a la espera de la confirmación oficial.
La competencia refleja la fragmentación del voto y la importancia del procesamiento de las actas impugnadas, que podrían inclinar la balanza en la recta final. La diferencia es mínima y todo dependerá de los votos del extranjero y de las actas por resolver. El escándalo en torno a la ONPE y la demora en los resultados han puesto a prueba la credibilidad de las instituciones electorales peruanas. Las autoridades insisten en que la transparencia y la revisión meticulosa de cada acta son fundamentales para la legitimidad del proceso.
