El presidente Gustavo Petro ordenó detener los acercamientos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, tras denuncias de incumplimientos de acuerdos y la persistencia de acciones violentas. La decisión, confirmada por el mandatario, implica una pausa en el proceso de paz con este grupo armado, que opera en departamentos como Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta.
Petro responsabilizó a alias Calarcá de incumplir los pactos establecidos para la protección de la selva amazónica, alegando que, en lugar de ello, el grupo se dedicó a atacar a soldados y a cometer crímenes de guerra contra sus rivales. A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que construirse sobre bases serias, no sobre mentiras , enfatizó el presidente durante un Consejo de Ministros.
La orden dada al comisionado de Paz, Otty Patiño, refleja una creciente frustración del gobierno frente a la falta de avances concretos en el proceso de paz con este grupo específico. Durante 733 días, las disidencias de Calarcá estuvieron cobijadas por un cese al fuego bilateral, en el marco de la política de paz total impulsada por el gobierno de Petro. Sin embargo, la efectividad de esta medida ha sido cuestionada por diversos sectores.
La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial, argumentó que durante el cese al fuego, el grupo armado de Calarcá se fortaleció significativamente. Calarcá hizo lo que quiso con la aquiescencia del Gobierno ( ) y creció su pie de fuerza a casi 3.000 hombres , declaró Valencia, evidenciando las críticas sobre la supuesta permisividad del gobierno frente a las acciones de este grupo.
La decisión de frenar el proceso con Calarcá se produce en un contexto de tensiones más amplias en la política de paz total del gobierno. Las negociaciones con el ELN, otro grupo armado importante, están suspendidas desde el año pasado, tras un aumento de la violencia en la región del Catatumbo. Otros grupos ilegales, como el Clan del Golfo y disidencias de la Segunda Marquetalia, también recibieron beneficios similares por periodos más cortos, generando debates sobre su impacto real en la reducción de la violencia.
Además de las acusaciones sobre el incumplimiento de los acuerdos y la continuación de las acciones violentas, el presidente Petro también cuestionó las posibles conexiones entre las disidencias de Calarcá y actividades ilegales que contribuyen a la destrucción de la Amazonía. En particular, el mandatario advirtió sobre la expansión de la ganadería y la palma africana en zonas selváticas, sugiriendo que estas actividades podrían estar vinculadas a dinámicas de lavado de activos, lo que agravaría el conflicto en regiones apartadas del país.
La decisión del gobierno de Petro marca un punto de inflexión en su estrategia de paz total, demostrando una mayor cautela y una exigencia de resultados concretos por parte de los grupos armados. Si bien el gobierno mantiene su compromiso con la búsqueda de la paz, la orden de frenar los acercamientos con Calarcá envía un mensaje claro de que no tolerará el incumplimiento de los acuerdos ni la continuación de la violencia.
El futuro de la política de paz total del gobierno de Petro dependerá de la capacidad de los grupos armados para demostrar un compromiso real con la paz y el cumplimiento de los acuerdos. La decisión con respecto a Calarcá podría sentar un precedente para otros grupos, y determinará si la estrategia de paz total del gobierno puede avanzar o si se verá obstaculizada por la falta de voluntad de algunos actores armados. La situación plantea un desafío significativo para el gobierno, que busca poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia, pero se enfrenta a la complejidad de negociar con grupos que han demostrado ser poco confiables en el pasado.
