La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó un informe que concluye un debilitamiento en la política de seguridad pública durante la administración del Presidente Rodrigo Chaves, así como la existencia de indicios de posibles vínculos entre funcionarios del Poder Ejecutivo y personas relacionadas con el narcotráfico. La investigación, que buscaba establecer responsabilidades políticas y administrativas, fue aprobada con los votos de cuatro diputados, mientras que dos se opusieron.
El informe detalla que la política de seguridad pública ha experimentado un debilitamiento sustantivo bajo el gobierno de Chaves, manifestándose en la toma de decisiones, la asignación de recursos y la conducción estratégica del Estado en esta materia. Se identifican indicios preocupantes de posibles vínculos, contactos o acercamientos entre funcionarios del Poder Ejecutivo e individuos investigados por narcotráfico. Si bien esto no constituye una determinación de responsabilidad penal, se considera un riesgo significativo para la integridad institucional y la confianza pública.
La investigación abarcó decisiones administrativas como el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pococí y la base de Bahía Drake a otro punto, así como otras decisiones relacionadas con la seguridad pública. El informe señala que estas decisiones carecieron de sustento técnico suficiente y, en algunos casos, se apartaron de criterios especializados, generando impactos negativos en áreas críticas como la vigilancia marítima, el control fronterizo, la formación policial y la gestión penitenciaria. Estas acciones, según el documento, afectaron la operatividad institucional y disminuyeron la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Los diputados que aprobaron el informe consideran necesaria la determinación de responsabilidades políticas y administrativas por los acontecimientos ocurridos en el país durante los últimos años, período en el que se han registrado cifras récord de homicidios. Los hallazgos expuestos permiten sustentar la necesidad de determinar responsabilidades políticas y administrativas derivadas de decisiones, omisiones y actuaciones atribuibles a los jerarcas y funcionarios que ocupan cargos con poder de toma de decisiones dentro de la Administración de Rodrigo Chaves Robles , indica el texto.
Se argumenta que las conductas identificadas han comprometido la eficacia del Estado para garantizar la seguridad pública, el control territorial y el mantenimiento del orden público, afectando el cumplimiento de sus funciones esenciales. La diputada Gloria Navas resumió la conclusión principal del informe, afirmando que existe negligencia por parte del Poder Ejecutivo en el manejo de la seguridad nacional .
La votación del informe se produjo con el apoyo de Dinorah Barquero y Alejandra Larios, de Liberación Nacional; Priscilla Vindas, del Frente Amplio; y Gloria Navas, legisladora independiente. Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, votó en contra, argumentando que el informe se presentó demasiado tarde y no tuvo tiempo suficiente para analizarlo a fondo. Gilberto Campos, del Liberal Progresista, también votó en contra por la misma razón.
El informe también generó debate en torno a un posible conflicto de interés, ya que se menciona que una viceministra votó a favor de su superior jerárquico. Este punto fue señalado por algunos congresistas como una preocupación adicional sobre la transparencia y la integridad en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad pública.
La aprobación de este informe marca un punto de inflexión en la evaluación de la política de seguridad del gobierno de Rodrigo Chaves, abriendo la puerta a posibles investigaciones y acciones para determinar responsabilidades por el debilitamiento de la seguridad en el país y los posibles vínculos con el crimen organizado. La situación se complica aún más con la inminente finalización de la administración Chaves, anunciada a tan solo dos semanas, y la posible candidatura de Rebeca Grynspan a un puesto en la ONU, así como las especulaciones sobre su posible nombramiento como ministra de Agricultura o presidenta ejecutiva del IFAM.
