La gestión del gobierno de Kast enfrenta un creciente descontento ciudadano tras una serie de decisiones económicas y sociales que han generado una percepción negativa en la opinión pública. Estudios, encuestas y sondeos revelan un cambio significativo en el clima social-político, marcando un punto de inflexión después del aumento en el precio de los combustibles el 26 de marzo.
La decisión de no utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y traspasar el alza de $370 por litro de diésel a los consumidores, elevando el precio final a $500, ha desencadenado una corriente inflacionaria que afecta los alimentos y la Unidad de Fomento (UF). Esta medida, sumada a la percepción de que el gobierno disfrazó un paquete de beneficios tributarios para el 5% más rico del país como ayuda a los damnificados , ha generado una importante molestia ciudadana.
El paquete tributario, además, contempla medidas regresivas como la eliminación de la franquicia para la capacitación laboral y el debilitamiento de la recaudación del Fondo Común Municipal. Estas acciones implican una pérdida de recaudación fiscal de alrededor de US$ 4.400 millones, lo que impactará negativamente en el financiamiento de áreas sociales clave como vivienda, educación, salud y seguridad. A esto se suma un recorte del 3% en el presupuesto para 2026, con la excepción del sector de Seguridad, afectando aún más los programas sociales destinados a la comunidad.
La ciudadanía percibe que la reducción de impuestos no se traduce en un crecimiento económico inmediato, proyectándose un crecimiento mediocre para 2026, inferior al 2%, como consecuencia del alza de los combustibles. La experiencia comparada demuestra que las rebajas de impuestos no siempre generan crecimiento en una economía mundial que se acerca a una recesión. Existe la percepción de que la reducción de impuestos beneficia principalmente a los grandes empresarios, quienes, a través de sus organizaciones, son los únicos que apoyan la iniciativa de la administración Kast.
Los gremios de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) han expresado críticas al plan tributario, calificándolo de un baldazo de agua fría o una medida regresiva , argumentando que favorece a las grandes corporaciones y a los más ricos en lugar de a las pequeñas empresas.
La opinión pública mayoritariamente (53%) se muestra en desacuerdo con el proyecto de ley que reduce los impuestos a las grandes empresas, un respaldo que solo alcanza al 27% de la ciudadanía, según la encuestadora Criteria. Por el contrario, la mayoría de la población (73%) aboga por aumentar la carga impositiva a las grandes empresas.
Este segundo error político-económico ha provocado un aumento en la reprobación de la gestión de Kast, escalando al 53,3% de la población tras el anuncio de su plan tributario en una cadena nacional. En tan solo 25 días, el rechazo a su gestión ha aumentado de 26,2% a 53,3%. Paralelamente, la aprobación del gobierno ha caído del 47% en sus inicios a un 33,3%, reflejando el profundo impacto de las medidas implementadas en la población.
La volatilidad del electorado chileno, una característica que se ha manifestado en la última década, parece no haber sido comprendida por las élites políticas, quienes continúan cometiendo el error de asumir que el voto en segunda vuelta es un respaldo a su agenda ideológica. En este caso, el presidente Kast, con 60 años, repite el error de su predecesor al creer que el voto en segunda vuelta era un apoyo a una agenda ideologizada, olvidando que el relato que triunfó en la ciudadanía fue la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. La Ministra de Seguridad, en sus primeras cinco semanas de gestión, no ha demostrado tener una agenda potente para combatir la delincuencia.
Al igual que en la Segunda Convención Constitucional de 2022, impulsada por el entonces candidato Kast y su partido Republicano, el actual mandatario ha demostrado ser incapaz de leer las verdaderas demandas del electorado. Esto explica que la mayoría de la ciudadanía (51%) ya no confíe en él y que solo un 24% considere que su liderazgo genera confianza, debido a su incapacidad para percibir que sus medidas para enfrentar el alza de los combustibles han agudizado la situación de empobrecimiento para un 39% de la población, que no puede llegar a fin de mes, y para un 47% que apenas logra llegar justo a fin de mes.
Se observa una vez más a una élite ultraderechista, fuertemente ideologizada, que impone su agenda pro empresarial y es incapaz de percibir que la sociedad chilena busca seguridades y certezas que esta élite económica endogámica no puede ofrecer. Chile anhela una política que promueva la dignidad de las clases medias y las familias vulnerables, una búsqueda que persiste desde hace más de una década. Se espera que este nuevo fracaso genere oportunidades para renovar los liderazgos democráticos y avanzar, en un ambiente de consensos transversales, hacia una sociedad democrática que reconozca la dignidad de la mayoría.
