El futuro de Venezuela pende de un hilo, atrapado en un complejo limbo institucional que amenaza con socavar cualquier intento real de transición democrática. Así lo advierte el economista Humberto García Larralde en un análisis exhaustivo de la situación actual, donde critica la estrategia del Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, por su enfoque en fases que, según el experto, deben ser procesos simultáneos y mutuamente dependientes. La estabilización económica, la transición democrática y la recuperación sostenida del país son, a su juicio, tres pilares que deben construirse de manera conjunta, pero que se ven obstaculizados por la falta de un elemento crucial: la confianza.
García Larralde argumenta que sin confianza, las inversiones no llegarán, la diáspora no regresará, el crecimiento se estancará y los servicios públicos seguirán deteriorándose. La estabilidad impuesta por la represión, advierte, no es más que una repetición de los errores del pasado. La clave para un futuro próspero reside en la creación de instituciones sólidas que protejan los derechos de los ciudadanos, garanticen la seguridad jurídica para las inversiones y ofrezcan una solución justa y expedita a las disputas.
El analista destaca la importancia de no solo aprobar leyes que, en el papel, promuevan estos principios, sino también asegurar su cumplimiento efectivo. Rememorando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), recuerda que Estados Unidos exigió a México no solo la liberalización de sus leyes, sino también garantías de su enforcement , es decir, de la capacidad del Estado para hacerlas cumplir.
En este contexto, García Larralde critica las recientes leyes aprobadas por el gobierno de Nicolás Maduro bajo la presión de Estados Unidos. La Ley de Amnistía, por ejemplo, en lugar de anular los cargos contra los presos políticos, los somete a la aprobación de aquellos que los acusaron, manteniendo así la capacidad de perseguir a la oposición. La Ley de Hidrocarburos, si bien flexibiliza el régimen impositivo, deja margen para la arbitrariedad, generando incertidumbre entre los posibles inversores.
El economista advierte que la aprobación de estas leyes por una Asamblea Nacional de dudosa legitimidad las hace vulnerables a impugnaciones, lo que dificulta la atracción de inversiones a largo plazo necesarias para elevar la producción petrolera. Subraya que detrás de la formalidad de estas leyes se esconden reglas de juego informales que revelan intereses ocultos y prácticas corruptas.
La persistencia de una institucionalidad informal, arraigada en años de depredación mafiosa de los recursos públicos, es otro de los obstáculos que impiden la transición hacia una verdadera democracia. A pesar de los esfuerzos del Departamento del Tesoro de EE. UU. por controlar los ingresos petroleros y supervisar las transacciones financieras, García Larralde considera que estas medidas son temporales y responden a intereses externos, no a los del país.
El experto insiste en la necesidad de que Venezuela rescate, cuanto antes, un marco de instituciones contraloras, transparentes y rendidoras de cuentas, que aseguren que el manejo de los recursos públicos responda a los intereses del soberano y no a los de una claque fascista que se ha apoderado del Estado.
La política antiinflacionaria implementada por Delcy Rodríguez también es objeto de crítica. García Larralde la califica de fracaso total, señalando que la inflación venezolana sigue siendo la más alta del mundo y que ha impuesto un costo enorme a la población. El problema, según el economista, no radica en el exceso de liquidez monetaria, sino en la velocidad con que circula el dinero, impulsada por las expectativas de pérdida acelerada de su valor.
La contracción de los medios de pago en una economía deprimida, argumenta, ha contribuido a la destrucción de los servicios públicos, a la precarización de los salarios y a la inoperancia de la administración pública. Además, ha facilitado la proliferación de irregularidades y la corrupción.
La solución, según García Larralde, pasa por una reforma profunda del Estado, que genere confianza y permita estabilizar la economía. Sin esta reforma, la transición democrática se verá comprometida. El actual tinglado montado entre el tutelaje estadounidense y el gobierno de Maduro, que no abre espacios para la participación plena de la voluntad soberana, no es, a su juicio, el marco institucional adecuado para asegurar un futuro próspero para Venezuela.
En definitiva, el análisis de García Larralde pinta un panorama sombrío, pero no exento de esperanza. La clave para superar el limbo institucional en el que se encuentra Venezuela reside en la construcción de instituciones sólidas, transparentes y rendidoras de cuentas, que garanticen los derechos de los ciudadanos y promuevan el desarrollo económico. Un desafío monumental, pero indispensable para asegurar un futuro mejor para el país.
