Un grupo de oficiales profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, agrupados en el Frente Institucional Militar (FIM), ha emitido un pronunciamiento contundente ante la crisis política que atraviesa el país. Atribuyen la situación actual a una ruptura del orden constitucional y solicitan la activación de mecanismos para restituir el Estado de Derecho , proponiendo la celebración de elecciones con condiciones específicas para garantizar su transparencia y legitimidad.
El FIM, liderado por el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt como presidente, el General de Brigada (Ej) Teodoro Díaz Zavala como vicepresidente, y el General de Brigada (GN) Rafael Vera Ruiz como secretario de Organización, representa a oficiales del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. Entre sus filas se encuentran figuras prominentes como el General de Brigada Juan Ferrer Barazarte (Ejército), el Contralmirante Elías Buchzser Cabriles (Armada), el General de Brigada Eduardo Arturo Caldera Gómez (Aviación) y el General de Brigada Simón Figuera Pérez (Guardia Nacional).
En su pronunciamiento, el FIM enfatiza que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo , tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, argumentan que esta voluntad popular fue vulnerada el 10 de enero de 2025, cuando la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moros, omitiendo la juramentación de Edmundo González Urrutia, quien obtuvo la mayoría absoluta de votos en las elecciones.
Los militares en retiro cuestionan la legitimidad de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, actual mandataria, argumentando que la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito . Por ello, proponen la necesidad de un reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral .
Como condición indispensable para la realización de nuevas elecciones, el FIM exige que la dirección del Consejo Nacional Electoral (CNE) sea absolutamente imparcial , sin militancia partidista ni afinidades políticas públicas. Además, solicitan una actualización integral del padrón electoral y medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora venezolana, así como la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas consideradas arbitrarias.
El FIM denuncia la persistencia de acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos, calificando el actual régimen como opresor durante las últimas tres décadas. En este sentido, exigen el cese de estos procedimientos y la liberación de más de 200 militares detenidos, quienes, según denuncian, han sido víctimas de torturas y tratos degradantes. Asimismo, solicitan garantías de seguridad para el retorno de los miles de exiliados que se vieron obligados a abandonar el país por motivos políticos.
La organización, con 26 años de existencia y compuesta por 241 militares en situación de reserva o retirados incluyendo 24 generales de División, siete Vicealmirantes, 38 generales de Brigada, doce Contralmirantes, 66 coroneles, y otros oficiales de menor rango , se muestra firme en su rechazo a cualquier transición que no contemple la liberación de los presos políticos y de conciencia. Consideran que la libertad de estos individuos es un acto de justicia, no de gracia, y que no serían necesarias leyes de amnistía para aquellos que actuaron en defensa de la Constitución, amparados en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna.
En el ámbito económico, el FIM menciona el caso de la empresa CITGO Petroleum Corporation y la protección internacional de activos estratégicos del Estado venezolano, así como los recursos financieros del Gobierno de Estados Unidos. Subrayan la importancia de que un gobierno legítimamente electo recupere la autonomía económica bajo estrictos controles de transparencia.
Proponen un nuevo marco jurídico orientado a garantizar la propiedad privada, el libre mercado y la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión nacional y extranjera, considerándolos pilares fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de Venezuela.
El pronunciamiento del FIM concluye con un llamado a la ciudadanía a acompañar sus solicitudes para recuperar nuestra libertad e independencia , enmarcando sus planteamientos en el deber ciudadano previsto en la Constitución venezolana.
Paralelamente, el movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), liderado por el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño, presentó el 14 de abril de 2026 una acción por omisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de los electores venezolanos .
El DPR argumenta que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, no cumplió con el plazo de 90 días establecido en los artículos 233 y 234 de la Constitución para declarar la ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro Moros, tras su salida del territorio venezolano el 3 de abril de 2026, a raíz de la Operación Resolución Absoluta ejecutada por fuerzas militares estadounidenses.
Según los juristas del DPR, el vencimiento de este plazo obliga al Tribunal Supremo de Justicia a declarar la falta absoluta del presidente y a convocar a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 30 días, allanando el camino para una transición pacífica y ordenada. En este contexto, enfatizan la necesidad de garantizar la pulcritud del proceso electoral, a través del nombramiento de autoridades imparciales del CNE y el respeto a la voluntad popular.
