El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se encuentra en una situación crítica, enfrentando un déficit actuarial que, según especialistas, podría comprometer su liquidez en la próxima década. La alta tasa de informalidad, que supera el 50% en 2026, y la desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, exigen reformas inmediatas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales para garantizar la sostenibilidad del fondo de jubilación.
La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40% legalmente establecido y el desvío de recursos destinados a financiar prestaciones no contributivas. Ante este panorama, expertos coinciden en que la solución no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización exhaustiva de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro actual.
Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó el 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El objetivo principal es verificar la sostenibilidad financiera del IESS y fiscalizar las inversiones realizadas en bonos y fideicomisos, buscando identificar posibles irregularidades o malas prácticas que estén afectando la salud financiera del sistema.
Un punto crítico identificado en el análisis es la tasa de interés del 2,99% aplicada a los préstamos hipotecarios para vivienda. Llanes argumenta que este porcentaje carece de rentabilidad financiera y es el resultado de una "intromisión demagógica" del Gobierno que perjudica el giro del negocio del IESS. La auditoría propuesta busca determinar el costo financiero real de cada operación hipotecaria y cuantificar la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social debido a esta política de tasas de interés artificialmente bajas.
Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que contraviene principios actuariales básicos y pone en riesgo la viabilidad del sistema a largo plazo. Apolo propone una transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos de manera independiente, rompiendo con el esquema actual de prima media que considera deficitario y vulnerable a las fluctuaciones económicas y políticas.
Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba los desvíos extrapresupuestarios y que concentre los subsidios únicamente en pensiones mínimas para los sectores más vulnerables de la población. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas del IESS con total transparencia pública anual, para evitar la erosión continua de los fondos remanentes y garantizar la confianza de los afiliados en el sistema.
La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa para poder gestionar sus recursos de manera eficiente y responsable. Llanes propone una reforma que permita que las prestaciones médicas de personas no afiliadas que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Actualmente, la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010, generando una carga financiera adicional para el sistema.
Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo del IESS se presenta como un mecanismo clave para garantizar una gobernanza efectiva y transparente. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con una mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio universal, reduciendo así la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos. Esta medida busca asegurar que las decisiones del IESS se tomen en beneficio de sus afiliados y no en función de intereses políticos o económicos ajenos.
La situación del IESS exige una acción inmediata y coordinada por parte de todos los actores involucrados: el Gobierno, los afiliados, los jubilados, los expertos en seguridad social y la Superintendencia de Bancos. La transparencia, la fiscalización y la reestructuración son pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y proteger los ahorros de los trabajadores ecuatorianos. De no tomarse medidas urgentes, el futuro de las pensiones en Ecuador podría verse seriamente comprometido, generando incertidumbre y desconfianza en el sistema. La auditoría solicitada por Henry Llanes representa un paso crucial en la dirección correcta, pero es necesario que se complemente con una reforma integral que aborde las causas estructurales de la crisis y garantice la viabilidad del IESS a largo plazo.
