El gobierno ingresará al Congreso, a más tardar el miércoles, el Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa considerada clave para la reactivación económica y la definición del carácter de la administración del Presidente José Antonio Kast. El proyecto, anunciado en marzo desde el Biobío, comprende más de 40 medidas que combinan cambios tributarios con incentivos a la inversión y mecanismos de financiamiento para la reconstrucción.
La iniciativa ha generado tensiones desde antes de su presentación formal. La cadena nacional del Presidente Kast provocó críticas de la oposición, que incluso ha planteado la posibilidad de rechazar la legislación antes de conocer sus detalles y de recurrir al Tribunal Constitucional. La izquierda ha cuestionado especialmente las medidas tributarias, argumentando que beneficiarían desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos.
Uno de los puntos más controvertidos es la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, junto con la introducción de un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones. La exención del pago de contribuciones para primeras viviendas de adultos mayores de 65 años también ha generado reparos, ya que se considera que podría favorecer más a contribuyentes de mayores ingresos, dado que los tramos más bajos ya están exentos de este pago.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha desplegado a sus principales ministros políticos y económicos para defender el proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el jefe de la Segpres, José García Ruminot, han participado en entrevistas televisivas y en la prensa escrita, replicando la estrategia utilizada tras la cadena presidencial.
La Moneda también está afinando su estrategia legislativa. Formalmente, el gobierno solo necesita dos votos de la oposición para aprobar la idea de legislar, aunque ha manifestado su interés en obtener una mayoría más amplia. Por ello, se están concentrando esfuerzos en bancadas clave, como la del Partido de la Gente (PDG).
El fundador del PDG, Franco Parisi, ha recomendado rechazar la iniciativa, pero algunos parlamentarios de la colectividad han mostrado disposición a respaldarla. Los diputados Cristián Contreras y Javier Olivares han abierto la puerta a colaborar con el Ejecutivo, argumentando que su decisión no responde a directrices partidarias. Olivares, tras reunirse con el ministro García en La Moneda, afirmó que su único mandato proviene del electorado.
El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, también se reunió con el ministro Alvarado. Si bien se mostró cauteloso, enfatizó la necesidad de que el gobierno incorpore propuestas del partido, especialmente en materias que impactan a la clase media, como la eliminación del impuesto a la canasta básica y otros bienes de consumo esencial.
Dentro del gabinete, se superó el impasse por la eventual inclusión de un límite etario a la gratuidad universitaria, que finalmente fue descartado del proyecto. Sin embargo, se reactivó otra tensión: el peso político de la reforma dentro del gobierno y las señales cruzadas entre sus principales ministros.
Hace una semana, el ministro de la Segpres, José García, había afirmado en una entrevista con La Tercera que la rebaja del impuesto corporativo era irrenunciable y que la reforma era clave para el éxito del gobierno de Kast. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desdramatizó ese diagnóstico en una entrevista con El Mercurio, afirmando que el gobierno no se jugaba el éxito con este proyecto.
Ante esta aparente discrepancia, García salió a matizar las declaraciones de Quiroz en Mesa Central de Canal 13, interpretando sus palabras en el sentido de que la acción del gobierno no se agota con este proyecto. Reafirmó que la reforma es muy importante y que tanto él como el Presidente de la República lo reiteran constantemente.
En el oficialismo, algunos dirigentes han advertido sobre los riesgos de amarrar el éxito de una administración a una sola iniciativa, recordando lo ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, vinculó el destino del Ejecutivo al proceso constituyente, con efectos políticos adversos tras su desenlace.
Los ministros también han reforzado los contenidos y fundamentos del proyecto en sus intervenciones públicas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió el esquema de financiamiento de la reforma en Estado Nacional de TVN, asegurando que se sustenta en una combinación de ajuste fiscal, crecimiento económico y contención del gasto.
Según explicó, el gobierno proyecta recortes por US$ 3.000 millones durante este año, junto con ingresos adicionales derivados del mayor dinamismo económico que la propia iniciativa busca generar. Insistió en que se trata de una propuesta seria y responsable , orientada a revertir el deterioro de las cuentas fiscales.
Alvarado también abordó las críticas por la rebaja del impuesto corporativo, argumentando que la medida apunta a mejorar la competitividad del país, atraer inversión y generar empleo, en un contexto en que Chile mantiene una carga tributaria superior a la de otras economías comparables.
García reiteró que el Ejecutivo buscará que el proyecto sea tramitado como un solo cuerpo, descartando dividir sus componentes, y subrayó que el gobierno se mantendrá disponible para dialogar durante la discusión legislativa.
En La Moneda confían en que la presentación del texto completo del proyecto permitirá ordenar el debate, descomprimir las críticas iniciales y abrir espacios de negociación en el Congreso. La aprobación o rechazo de esta iniciativa marcará un hito en el gobierno de José Antonio Kast y definirá su rumbo en los próximos años.
