El Congreso argentino debate un proyecto de ley que busca regular de manera integral a las entidades no financieras de crédito, poniendo bajo la lupa a fintech como Mercado Pago y Ualá, y otras plataformas que ofrecen financiamiento rápido y digital. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) y otros 14 legisladores del mismo bloque, surge en respuesta al crecimiento acelerado del crédito fuera del sistema bancario y las preocupaciones sobre prácticas que podrían afectar a los usuarios.
El proyecto de ley se fundamenta en el diagnóstico de que, si bien el crédito fuera del sistema bancario ha crecido significativamente, operando con reglas dispersas y, en algunos casos, con prácticas perjudiciales para los consumidores. Abarca a fintech, mutuales, fideicomisos y financieras de consumo, sectores que se han vuelto clave para el consumo y la inclusión financiera, especialmente para aquellos que no tienen acceso al sistema bancario tradicional.
Según el diputado Molina, los mecanismos de financiamiento se correlacionan fuertemente con tiempos de crisis y estanflación, exacerbando la pérdida del poder adquisitivo y llevando a que alrededor del 9% de las familias se encuentren en situación de morosidad. Muchos argentinos recurren a estas entidades como única alternativa para cubrir gastos corrientes como alimentos, alquiler y servicios, o para afrontar emergencias.
El proyecto se articula en torno a tres ejes principales: mayor control estatal, transparencia en el costo del crédito y protección del usuario frente a abusos. Una de las medidas centrales es la obligatoriedad de que todas estas entidades se inscriban en un registro bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esto implicaría un cambio significativo para las fintech, que pasarían de un esquema regulatorio más flexible a uno con mayores exigencias. El BCRA asumiría un rol más activo en la supervisión, auditoría y control del sector, profundizando una línea regulatoria que ya se había iniciado en los últimos años.
Un punto particularmente sensible del proyecto es el relacionado con las tasas de interés. La iniciativa establece que se deberá informar el costo financiero total (CFT), incluyendo todas las comisiones, seguros y otros cargos, de manera clara y visible para el usuario. Esto busca eliminar la práctica de informar únicamente tasas nominales (TNA o TEA), que pueden generar confusión y ocultar el costo real del crédito.
Otro artículo que ha generado debate es el que prohíbe los créditos automáticos sin evaluación previa de la capacidad de pago del cliente. Se pondría fin a los préstamos en un clic , exigiendo que se analice la solvencia del solicitante y que el endeudamiento total no supere el 30% de sus ingresos. El objetivo es reducir el sobreendeudamiento, un problema creciente en un contexto de alta inflación.
Sin embargo, esta medida podría impactar en el modelo de negocio de muchas aplicaciones que se basan en la rapidez y la aprobación casi instantánea de los créditos.
El proyecto también introduce obligaciones específicas para las plataformas digitales, estableciendo que deben contar con sistemas de seguridad robustos para proteger los datos de los usuarios y garantizar la continuidad del servicio. En caso de errores en el sistema, problemas en los pagos o caídas de la aplicación, la responsabilidad recaerá exclusivamente en la empresa.
En lo que respecta a las cobranzas extrajudiciales, el proyecto establece reglas estrictas para evitar prácticas abusivas. Se prohíben las amenazas, los acosos y las llamadas en horarios inapropiados. Además, las empresas serán responsables por las prácticas de los estudios de cobranza que contraten.
El BCRA tendrá amplias facultades para sancionar el incumplimiento de estas normas, incluyendo multas, la suspensión de la autorización para operar y, en casos graves, la cancelación de la inscripción en el registro.
La iniciativa ha generado un debate que combina regulación, innovación y consumo. Sus autores argumentan que se inscribe en la obligación del Estado de equilibrar las relaciones de consumo, corregir las asimetrías existentes y garantizar que el acceso al crédito no se convierta en un mecanismo de explotación.
Por un lado, plataformas como Mercado Pago y Ualá han ampliado el acceso al crédito y dinamizado la economía digital. Por otro lado, han crecido las críticas por tasas elevadas, falta de transparencia y prácticas de cobranza agresivas.
La tendencia en América Latina es clara: regular el crédito no bancario sin frenar la innovación. Argentina ahora se suma a este debate, con la incógnita de cómo impactará esta regulación en un sector que se ha vuelto clave para millones de usuarios y que, hasta ahora, operaba con reglas más laxas que el sistema bancario tradicional. El futuro del crédito digital en Argentina pende de un hilo, mientras el Congreso analiza cómo equilibrar la innovación con la protección del consumidor.
