La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) ha manifestado su profunda preocupación ante el reciente Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que establece la regulación del transporte por plataformas digitales en Panamá. El gremio empresarial advierte que la normativa, tal como está redactada, podría tener consecuencias negativas significativas para la libre empresa, la innovación y las oportunidades económicas de miles de panameños.
Apede reconoce la necesidad imperante de establecer un marco regulatorio claro que garantice la seguridad y la calidad del servicio de transporte ofrecido a través de plataformas digitales. Sin embargo, considera que el nuevo decreto introduce un modelo excesivamente restrictivo que obstaculiza el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento en el país. La organización enfatiza que una regulación efectiva debe buscar un equilibrio entre la protección de los usuarios y la promoción de un entorno competitivo que fomente la innovación y la eficiencia.
El principal punto de conflicto radica en la asignación de la supervisión del sistema a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como en la exigencia de que los conductores se integren obligatoriamente a prestatarias de servicios. Esta última medida, según Apede, limita el rol de las plataformas a meros intermediarios tecnológicos, reproduciendo estructuras tradicionales que podrían afectar negativamente la calidad, el acceso y la eficiencia del servicio.
Apede argumenta que la obligatoriedad de operar a través de prestatarias generará barreras adicionales para los conductores, incrementando los costos operativos y reduciendo su autonomía. Esto, a su vez, podría limitar la participación de emprendedores y afectar la disponibilidad del servicio, especialmente en momentos de alta demanda. La organización teme que la regulación termine por desincentivar la actividad económica y reducir las oportunidades de ingresos para aquellos que dependen de estas plataformas como fuente de sustento.
Otro aspecto que genera inquietud en Apede es la posible fijación de tarifas por parte del Estado. Si bien el gremio reconoce la lógica de regular el transporte público, considera que la intervención estatal en la determinación de precios podría restringir la capacidad de las plataformas para adaptarse a la dinámica de la oferta y la demanda. Esto podría resultar en una menor disponibilidad del servicio, especialmente en horas pico, y afectar la competitividad del sector.
La organización también advierte sobre el impacto que los nuevos requisitos administrativos y operativos podrían tener en la burocracia y la actividad económica. Apede teme que la normativa incremente la carga administrativa para las plataformas y los conductores, dificultando su operación y desincentivando la inversión en el sector. Esto podría afectar especialmente a los pequeños emprendedores y a aquellos que dependen de estas plataformas como una fuente de ingresos complementarios.
Apede expresa su preocupación por el posible impacto negativo de esta regulación en el clima de inversión en Panamá, especialmente en sectores clave como la tecnología, la innovación y la economía colaborativa. La organización considera que estas industrias son fundamentales para el crecimiento sostenible del país y que cualquier medida que las afecte debe ser evaluada cuidadosamente.
El gremio también destaca el posible impacto en el turismo, al limitar las opciones de movilidad modernas y valoradas por los visitantes internacionales. Las plataformas de transporte digital se han convertido en una opción popular entre los turistas, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible al transporte tradicional. Restringir su operación podría afectar la imagen de Panamá como un destino turístico moderno y competitivo.
Asimismo, Apede advierte que la regulación podría afectar a la clase media panameña, que ha encontrado en estas plataformas una vía para generar ingresos adicionales. Muchos panameños utilizan estas plataformas para complementar sus ingresos, ofreciendo servicios de transporte en su tiempo libre. Limitar su acceso a estas oportunidades podría tener un impacto negativo en su calidad de vida.
Apede reconoce la disposición del presidente de la República de revisar el tema y abrir espacios de diálogo. Sin embargo, reitera que regular no debe significar retroceder, sino avanzar hacia un modelo que combine seguridad, eficiencia, competencia e innovación. La organización insta a las autoridades a considerar un enfoque más flexible y colaborativo que permita aprovechar los beneficios de la economía digital sin comprometer la seguridad y la calidad del servicio.
Finalmente, Apede subraya la importancia de que la normativa no excluya a los extranjeros con estatus migratorio regular, quienes deberían poder acceder a estas plataformas en igualdad de condiciones, contribuyendo así al dinamismo del mercado laboral. La organización considera que la inclusión de los extranjeros es fundamental para promover la diversidad y la competitividad del sector.
En conclusión, Apede enfatiza la necesidad de que Panamá adopte políticas públicas que fortalezcan la confianza, atraigan inversión y generen oportunidades. Cualquier medida que afecte estos principios debe ser evaluada con visión de largo plazo, considerando sus posibles consecuencias para la economía y la sociedad panameña. La organización insta a las autoridades a trabajar en conjunto con el sector privado para desarrollar una regulación que promueva un entorno favorable para la innovación, el emprendimiento y el crecimiento sostenible.
