El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras nicarag enses el 19 de abril de 2026, en un esfuerzo por cortar el flujo de capitales que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza para financiar sus operaciones y mantener el control político en el país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) reveló que el régimen sandinista ha reestructurado el sector minero utilizando empresas fachada y realizando traspasos irregulares con el objetivo de lavar activos sancionados y exprimir las reservas de oro de Nicaragua.
La investigación de la OFAC destaca el caso de Thomas Metal y Zhong Fu Development S.A., empresas que recibieron concesiones mineras de la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Comintsa), la cual ya se encontraba sancionada. Estas transferencias se consideran parte de una estrategia deliberada para eludir las sanciones y continuar generando ingresos para el régimen.
Dos de las empresas sancionadas, según la OFAC, participaron directamente en la confiscación ilícita de inversiones estadounidenses, específicamente la de BHMB Mining Nicaragua S.A. Esta acción subraya la disposición del régimen a despojar a inversionistas extranjeros de sus propiedades para fortalecer su posición financiera. Además, la Exportadora de Metales S.A. (EMSA) y Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa) fueron señaladas por facilitar la venta y compra de oro, legitimando fondos ilícitos y contribuyendo al lavado de dinero.
La empresa Brother Metal S.A., constituida en Nicaragua con capital chino, entró al negocio de la explotación minera en febrero de 2025, obteniendo rápidamente 14 concesiones mineras que abarcan 208,959.35 hectáreas. A pesar de tener poca o ninguna experiencia en la exploración de oro, la empresa recibió concesiones en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Dos de estas concesiones fueron transferidas en noviembre de 2025 por la empresa El Porvenir Murra S.A.
Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., también de capital chino, fue registrada en Managua en marzo de 2024 y desde entonces ha obtenido 14 concesiones, aunque tres de ellas fueron transferidas a otras empresas chinas. Actualmente, la empresa mantiene 11 concesiones que suman 113,300.07 hectáreas en los departamentos de Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales, RACCN y RACCS. La OFAC señala que esta compañía exportó más de 25 millones de dólares en oro a los Estados Unidos entre principios y mediados de 2025. En julio de 2025, transfirió dos de sus concesiones a Linze Excelente Mineria, S. A., y un tercer lote a Jinrun Huaxia Internacional Minería, S.A.
Thomas Metal S.A. es la empresa sancionada con la mayor cantidad de terreno en concesión, con 228,272.98 hectáreas distribuidas en los departamentos de Chinandega, RACCN, RACCS, Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa. En enero de 2026, recibió una concesión minera de la sancionada Comintsa, un traspaso facilitado por el representante legal de Comintsa, Nelson Francisco Sobalvarro, quien también fue sancionado por el Tesoro estadounidense.
Zhong Fu Development S.A., constituida en Managua con capital chino, obtuvo su primera concesión minera en noviembre de 2023 y desde entonces ha acumulado 13 concesiones, aunque cinco de ellas fueron transferidas a otras empresas chinas en los últimos meses. Actualmente, la empresa mantiene 8 concesiones que suman 150,431.60 hectáreas en los departamentos de Chinandega, Río San Juan y RACCN. En 2024, recibió una concesión de Comintsa, un traspaso facilitado por el representante legal de Comintsa y el abogado Lester Matus Tamariz, también sancionados. En enero de 2026, Zhong Fu transfirió esta concesión a Tutuwaka Mining Company, S.A., y otras cuatro concesiones a Waslala Mine S.A., Y.M. Mining Company, S.A., y Southern Mining, S.A.
La OFAC también acusa a Zhong Fu Development S.A. de participar en la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., una planta de procesamiento propiedad de inversionistas estadounidenses, lo que resultó en sanciones tanto para la empresa como para su representante legal, Feiwu Bian.
Santa Rita Mining Company S.A., también sancionada, está directamente vinculada a la toma forzosa y expropiación arbitraria de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A. Esta empresa de capital chino solo cuenta con una concesión minera en Nicaragua, entregada en 2019 y que comprende 3,356.9 hectáreas en el Caribe Norte.
La Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA), con sede en Managua, se dedica a la venta de oro a granel en los Estados Unidos y ha sido descrita por el Tesoro estadounidense como una herramienta clave del régimen nicarag ense para generar ingresos. EMSA recolecta oro sin refinar en seis ubicaciones distintas en Nicaragua y lo funde en su sede de Managua. Las ganancias de sus ventas se transfieren a una cuenta bancaria en Managua y, según Estados Unidos, estos fondos podrían haberse utilizado para financiar grupos paramilitares subordinados al régimen.
El Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa) ganó prominencia tras las sanciones impuestas a la Compañía Minera Internacional (Comintsa) y a Capital Mining Investment Nicaragua en 2024. Grumixa fue sancionada por comprar oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo a través de una red de empresas aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estados Unidos afirma que los recursos obtenidos por Grumixa podrían ser utilizados para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener su control del poder. Actualmente, la compañía cuenta con la participación de exfuncionarios de entidades sancionadas como la Empresa Nicarag ense de Minas (Eniminas), la Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa).
Las sanciones impuestas por Estados Unidos representan un golpe significativo para el régimen de Ortega y Murillo, al cortar una importante fuente de ingresos y exponer sus tácticas de lavado de dinero. La OFAC continuará monitoreando la situación y tomando medidas adicionales para evitar que el régimen utilice el sector minero para financiar sus actividades ilícitas.
