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Jueza de Ejecución agredida tras denunciar amenazas previas

Jueza de Ejecución agredida tras denunciar amenazas previas
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Una jueza de Ejecución de apellido Carballo fue agredida el viernes por la tarde en Heredia por un vecino, incidente que, según la denuncia, estaría vinculado a su trabajo y se produce tras una serie de amenazas previas que ya habían sido reportadas. El defensor legal de la jueza, Levinson Escalante, confirmó la existencia de estas amenazas anteriores.

El ataque ocurrió cerca de la residencia de la jueza. Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el agresor inicialmente incitó a su perro a atacar a la jueza. El perro se salió por la ventana del carro y se vino hacia mí y me mordió la rodilla derecha por lo que le metí la misma pierna para evitar que me hiciera un mal mayor , relató la jueza en su denuncia.

Tras el incidente con el perro, el vecino confrontó a la jueza, acusándola de haber agredido al animal. La situación escaló rápidamente a violencia física. Me comenzó a golpear con sus manos por mi pecho. Me empujó y lo golpee con la baranda del vecino. Luego me agarró del pelo y me hizo lanzanda a la calle y me lanzó tres patadas en la cadera , detalló la jueza en su declaración.

La agresión continuó con el agresor arrastrando a la jueza por el suelo y golpeando su rostro contra el pavimento. Nuevamente me agarró del pelo y lo que hizo fue restregar mi cara contra el pavimento , añadió.

La jueza, quien se encuentra estable pero con golpes considerables, solicitó una evaluación forense para documentar las lesiones sufridas en la rodilla, el codo, la cadera, la frente y la nariz. Durante el ataque, el agresor profirió insultos y se refirió a resoluciones judiciales dictadas por la jueza que habían sido objeto de atención pública, lo que refuerza la presunción de que la agresión estuvo motivada por su labor profesional.

Escalante explicó que se iniciará un proceso interno en la Inspección Judicial, el organismo encargado de los procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial. Lo que se pretende es la denuncia en la Inspección Judicial para que se haga la investigación administrativa , afirmó el jurista. El objetivo de esta investigación es determinar que se sienten responsabilidades de por qué no se abordó este caso con la debida seriedad , añadió Escalante.

La denuncia formal ya fue presentada ante el Ministerio Público para que se lleve a cabo la investigación penal correspondiente. Las autoridades competentes están investigando los hechos para identificar y procesar al agresor de acuerdo con la ley.

El incidente ha generado preocupación en el ámbito judicial y ha reabierto el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la necesidad de protegerlos de posibles represalias por sus decisiones. La agresión a la jueza Carballo subraya la importancia de tomar en serio las amenazas dirigidas a los miembros del Poder Judicial y de implementar medidas efectivas para garantizar su integridad física y su independencia.

La Inspección Judicial deberá determinar si existieron fallas en la respuesta a las amenazas previas denunciadas por la jueza y si se tomaron las precauciones necesarias para protegerla. La investigación administrativa también podría revelar si hubo alguna negligencia por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales.

Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para evitar que este tipo de incidentes se repitan. La sociedad costarricense espera que se haga justicia y que el agresor sea castigado con todo el peso de la ley. Asimismo, se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de todos los funcionarios judiciales y para proteger la independencia del Poder Judicial.

La agresión a la jueza Carballo es un recordatorio de que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática y que es fundamental defender el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones. La impunidad no puede ser una opción, y es necesario enviar un mensaje claro de que los ataques a los funcionarios públicos no serán tolerados.

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