Comunidades del Valle del Huasco denunciaron ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el incumplimiento del plan de restauración de las vegas afectadas por el proyecto minero Pascua Lama, acusando modificaciones fuera de plazo, daños adicionales al ecosistema y un intento de ajustar metas para aparentar éxito. Las comunidades solicitaron formalmente al tribunal rechazar la propuesta de modificación al acuerdo presentada por la minera, calificándola de inoportuna y contraria al principio de indemnidad ambiental.
El proceso judicial se centra en la afectación de extensas áreas de azorella madrepórica y vegas altoandinas, ecosistemas altamente sensibles. El acuerdo original, relativo al Plan de Restauración y Puesta en Valor del ecosistema altoandino , buscaba restaurar una vega intervenida, recuperando sus condiciones hídricas y biológicas, además de realizar ensayos de trasplante de especies. Sin embargo, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, que participa como tercera coadyuvante desde 2019, sostiene que el plan no ha cumplido su objetivo principal tras cinco años de ejecución.
Desde el inicio, las comunidades cuestionaron la viabilidad del plan, criticando la elección del sitio de restauración, una vega previamente impactada por un aluvión y utilizada por la empresa como zona de acopio. Consideran que esta situación hacía casi imposible recuperar su funcionalidad ecológica. Además, expresaron preocupación por la extracción de miles de muestras vegetales desde vegas sanas para ser reubicadas en un entorno sin garantías de recuperación, lo que, según advierten, generó nuevas pérdidas de biodiversidad. Estas objeciones fueron presentadas en instancias judiciales, aunque sin obtener una respuesta favorable en el fondo.
Durante la audiencia más reciente, la minera expuso una propuesta de modificación al acuerdo, que contempla extender el plan por dos años adicionales. No obstante, las comunidades denunciaron que esta prórroga se habría implementado de facto desde 2024, sin autorización del tribunal y fuera del plazo original, que concluía en septiembre de 2025. Calificaron la propuesta como inoportuna y señalaron que busca justificar el incumplimiento con argumentos ya conocidos desde el inicio del proceso.
Entre estos argumentos, se encuentra la supuesta falta de antecedentes sobre la existencia de una vega en el área intervenida, lo que, según las comunidades, contradice los fundamentos con que se aprobó el plan. Asimismo, sostienen que las modificaciones no constituyen simples ajustes, sino cambios sustantivos que alteran objetivos, eliminan acciones comprometidas y reducen las exigencias de cumplimiento. Es evidente que ( ) estamos ante un plan ( ) que no se cumplió , indicaron, acusando un intento de adaptar los resultados para aparentar logros .
Un punto crítico es el cambio de enfoque hacia la elaboración de un estudio como resultado final, en lugar de la restauración efectiva del ecosistema. Para las comunidades, esto desvirtúa el propósito original del acuerdo, ya que si no hay éxito, no hay protocolo viable . Durante la audiencia, los propios magistrados manifestaron dudas sobre la efectividad de las nuevas metas, cuestionando si los indicadores propuestos, como niveles de humedad del suelo, garantizan la funcionalidad ecológica, así como la incertidumbre respecto a una eventual recuperación a largo plazo.
Se confirmó que la principal medida del plan, la restauración hídrica, no se ha cumplido, alcanzando solo un 50% de avance, mientras el resto de las acciones presenta evaluaciones dispares entre la empresa y el Consejo de Defensa del Estado. Las comunidades también denunciaron impactos adicionales generados durante la ejecución del plan, incluyendo rellenos con material contaminante, intervenciones sobre vegas sanas y extracción de vegetación con técnicas que no respetaron los protocolos comprometidos, provocando estrés, riesgo y amenaza al ecosistema.
En esa línea, rechazaron nuevas intervenciones propuestas, como la rebaja del suelo, advirtiendo que agravan el daño. No queremos más intervención e impactos, ya ha sido suficiente , señalaron, enfatizando que estos ecosistemas son únicos e irremplazables .
Finalmente, las comunidades solicitaron formalmente al tribunal rechazar en todas sus partes la propuesta de modificación del acuerdo, argumentando que vulnera el principio de indemnidad ambiental y no reconoce el fracaso del plan original. La única forma de resguardar este patrimonio ( ) es no permitir su destrucción , concluye el comunicado, que llama a declarar el incumplimiento del plan y a fortalecer la protección de las vegas altoandinas como ecosistemas clave frente al cambio climático.
La Asamblea por el Agua del Guasco Alto enfatiza que la situación pone en riesgo la sostenibilidad de un ecosistema vital para la regulación hídrica y la biodiversidad de la región, y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades ambientales para garantizar la protección de las vegas altoandinas. La comunidad espera que el Tribunal Ambiental considere seriamente las denuncias presentadas y tome una decisión que priorice la restauración efectiva del ecosistema y la protección de los derechos de las comunidades afectadas. El caso de Pascua Lama se presenta como un ejemplo de los desafíos que implica la gestión ambiental de proyectos mineros en zonas de alta fragilidad ecológica y la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
