Más de 420 mujeres han sido detenidas en lo que va del año en relación con delitos de extorsión y su presunta vinculación con estructuras criminales, revelando una preocupante situación de vulnerabilidad, según informó el subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona. Esta cifra coincide con un alarmante registro de violencia contra las mujeres, con 67 muertes violentas confirmadas hasta la fecha, muchas de las cuales estarían relacionadas con la participación de las víctimas en actividades delictivas o sus relaciones sentimentales con miembros de maras y pandillas.
El subcomisario Barahona destacó los avances en la judicialización de casos recientes, mencionando específicamente los casos de la estudiante de enfermería Valeria Alvarado y la tiktoker Katy Mozorca. Se han logrado judicializaciones en el caso de la estudiante de enfermería Valeria Alvarado y ahora la tiktoker Katy Mozorca , afirmó durante su participación en el Diario Matutino de HRN. De hecho, pruebas recientes han confirmado la participación de los capturados en el crimen de Katy Mazorca , según informaciones adicionales.
Sin embargo, estas cifras oficiales contrastan con las proporcionadas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Lara Bohórquez, investigadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres, asegura que el número real de víctimas es mayor, registrando hasta el momento 75 muertes violentas de mujeres, lo que representa un incremento en comparación con el año anterior.
Bohórquez cuestiona la falta de acciones preventivas por parte del Estado, denunciando que el Estado no está haciendo nada para prevenir estos hechos . La investigadora subraya la existencia de factores estructurales que perpetúan la violencia de género, señalando que las vemos como objeto sexual, por eso se están dando los feminicidios , refiriéndose a patrones culturales arraigados que contribuyen a la violencia contra las mujeres.
Un aspecto crucial que destaca Bohórquez es la coerción que sufren muchas mujeres para integrarse a estructuras criminales. La mayoría de personas que están involucradas en estructuras son coaccionadas a entrar a estas estructuras , explica, añadiendo que la negativa a participar en estos grupos puede tener consecuencias fatales. Muchas mujeres son asesinadas porque no quieren entrar a estas estructuras , subraya.
La situación expone una realidad compleja donde las mujeres se encuentran atrapadas entre la violencia de las estructuras criminales y la falta de protección estatal. La investigación de Bohórquez revela que la participación en actividades delictivas, a menudo forzada, no es la causa de la violencia, sino una consecuencia de la vulnerabilidad y la falta de oportunidades.
El contraste entre las cifras oficiales de la Policía Nacional (67 muertes violentas) y las de organizaciones civiles como el Centro de Derechos de Mujeres (75 muertes violentas) pone de manifiesto la dificultad de obtener una imagen precisa de la magnitud del problema. Esta discrepancia podría deberse a diferentes metodologías de conteo, a la falta de acceso a información en ciertas áreas o a la subnotificación de casos por parte de las autoridades.
La judicialización de casos como el de Valeria Alvarado y Katy Mozorca, si bien representa un avance, no aborda la raíz del problema. La necesidad de implementar políticas públicas integrales que prevengan la violencia de género, protejan a las mujeres en situación de vulnerabilidad y combatan las estructuras criminales que las explotan es urgente.
La investigación de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres apunta a la necesidad de un cambio cultural profundo que elimine la cosificación de la mujer y promueva la igualdad de género. Asimismo, se requiere fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las mujeres que se encuentran en riesgo, así como ofrecer alternativas económicas y sociales que les permitan alejarse de las estructuras criminales.
La situación descrita por el subcomisario Barahona y la investigadora Bohórquez dibuja un panorama sombrío para las mujeres en el país, expuestas a la violencia tanto en el ámbito público como en el privado. La falta de acciones preventivas por parte del Estado y la persistencia de patrones culturales machistas contribuyen a perpetuar un ciclo de violencia que amenaza la vida y la integridad de miles de mujeres. La necesidad de una respuesta integral y coordinada que involucre a las autoridades, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto es imperativa para abordar este grave problema.
