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DECLARACIÓN EN LA MIRA: Patrimonio y deudas de la ministra Judith Marín revelados

DECLARACIÓN EN LA MIRA: Patrimonio y deudas de la ministra Judith Marín revelados
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La declaración de patrimonio e intereses de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, ha sido presentada, revelando un patrimonio familiar que asciende a un total de aproximadamente $218.4 millones, considerando tanto bienes como deudas. La ministra, de 30 años y la integrante más joven del gabinete del presidente José Antonio Kast, informó sobre sus posesiones tras asumir el cargo, detallando propiedades, vehículos y obligaciones financieras tanto personales como bajo el régimen de sociedad conyugal con su esposo, Esteban Pérez.

La declaración, disponible para consulta pública, detalla que Judith Marín es propietaria de una vivienda en la comuna de San Ramón, donde reside. Esta propiedad, adquirida en 2022, cuenta con un avalúo fiscal de $52 millones y se encuentra inscrita al 100% a nombre de la ministra, sin gravámenes ni prohibiciones registradas.

Sin embargo, el patrimonio familiar se extiende más allá de esta propiedad. A nombre del cónyuge de la ministra, Esteban Pérez, figuran dos departamentos ubicados en la comuna de Santiago. El primero de estos inmuebles tiene un avalúo fiscal de $50.6 millones, mientras que el segundo alcanza los $43.7 millones. Ambos departamentos son de plena propiedad del esposo de la ministra.

En conjunto, las tres propiedades declaradas por el grupo familiar alcanzan un avalúo fiscal total cercano a los $146.3 millones, representando la mayor parte del patrimonio declarado.

Además de los bienes raíces, la declaración de Judith Marín incluye información sobre cuatro vehículos asociados al patrimonio conyugal. Todos estos vehículos están inscritos al 100% de propiedad del matrimonio. La flota vehicular incluye una camioneta Ford Ranger año 2020, valuada en $15 millones; un Nissan XTrail año 2026, con un valor de $26.8 millones; un Toyota Yaris Cross año 2025, valorizado en $17.9 millones; y un Kia Sportage año 2019, tasado en $12.3 millones.

El avalúo total de estos cuatro vehículos asciende a aproximadamente $72.1 millones, complementando el patrimonio familiar en bienes muebles.

La declaración también revela la existencia de un depósito a plazo fijo en el banco Bancrece por un monto de $19 millones, adquirido el 16 de marzo de 2026. Este depósito representa una parte de los activos financieros del grupo familiar.

En cuanto a las obligaciones financieras, Judith Marín reportó deudas personales por $7.1 millones con Banco Estado. Sin embargo, el mayor peso de las deudas recae sobre el patrimonio conyugal, donde se consignan créditos hipotecarios por un total de $185 millones. Estos créditos están asociados a tres instituciones financieras: Scotiabank, Santander e Itaú.

La suma de las deudas personales de la ministra y las deudas hipotecarias del matrimonio resulta en un total de pasivos declarados por cerca de $192.1 millones. Esta cifra representa una parte significativa del patrimonio total del grupo familiar.

La ministra Marín también declaró que desde enero de 2025 se desempeña como secretaria general del Partido Social Cristiano, añadiendo un contexto a su trayectoria política y su reciente nombramiento en el gabinete ministerial.

La presentación de esta declaración de patrimonio e intereses es un requisito legal para los altos funcionarios del gobierno, con el objetivo de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La información proporcionada por la ministra Marín ahora está disponible para su escrutinio público, permitiendo a los ciudadanos evaluar la consistencia entre su patrimonio declarado y sus acciones como ministra de la Mujer y Equidad de Género.

La declaración de patrimonio de Judith Marín se suma a un contexto político marcado por recientes cambios en el gobierno, incluyendo la renuncia de Patricio Baronti, el gerente (la fuente se interrumpe abruptamente aquí). La transparencia en la declaración de bienes y deudas de los funcionarios públicos es un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar una gestión gubernamental ética y responsable.

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