El diputado José Chic ha lanzado fuertes críticas hacia el Organismo Ejecutivo, señalando directamente a las autoridades gubernamentales como las responsables del incremento en los precios de los combustibles que afecta actualmente al país. Durante una serie de declaraciones ofrecidas en las instalaciones del Congreso de la República, el legislador sostuvo que la crisis actual no fue un evento imprevisto, sino una situación que pudo haberse anticipado y mitigado con meses de antelación si se hubieran tomado las decisiones correctas.
Según la postura del diputado Chic, el escenario de alzas en los costos de los energéticos era previsible desde principios de año. El legislador enfatizó que el problema no surgió de manera repentina, sino que desde el mes de febrero ya existían señales claras en los mercados internacionales que advertían sobre un posible impacto negativo en el mercado local. A pesar de estas alertas, el diputado aseguró que el Organismo Ejecutivo no adoptó medidas oportunas ni implementó estrategias de corto, mediano o largo plazo que permitieran proteger a los consumidores finales.
Uno de los puntos más críticos señalados por Chic fue el manejo del subsidio anterior. El legislador afirmó que el Gobierno permitió que dicho beneficio venciera el pasado 28 de junio sin haber establecido un plan de contingencia. Para respaldar sus afirmaciones, el diputado recordó que, antes de la fecha de finalización del subsidio, acudió personalmente al Ministerio de Energía y Minas con el objetivo de conocer las proyecciones oficiales y el plan de acción del Gobierno. De acuerdo con el relato del legislador, tanto los funcionarios de la administración anterior como los de la actual le aseguraron en aquel momento que no sería necesario adoptar nuevas medidas, bajo la premisa de que los precios tenderían a estabilizarse por sí solos.
Sin embargo, la realidad del mercado contradijo estas proyecciones. Chic señaló una ironía en el manejo de la situación: tras anunciarse la posibilidad de implementar un nuevo subsidio, los precios de los combustibles registraron incrementos de entre Q1 y Q1.50 por galón en un periodo inferior a las 24 horas, lo que agrava la situación económica de la población.
Más allá de la gestión de los precios, el diputado manifestó una profunda preocupación por la propuesta financiera presentada por el Gobierno para solventar la crisis. El Ejecutivo ha planteado un nuevo subsidio que requeriría una inversión de Q3,480 millones, una cifra que Chic cuestiona no por el monto en sí, sino por la procedencia de los fondos. El legislador explicó que la propuesta contempla realizar readecuaciones presupuestarias, lo que implicaría ejecutar recortes en diversas dependencias estatales para financiar la medida.
En particular, el diputado puso el foco en los posibles recortes al Ministerio de Gobernación. A criterio de Chic, reducir los recursos destinados a esta cartera resulta contradictorio y peligroso, considerando el contexto actual del país, marcado por graves problemas de seguridad y necesidades urgentes que aún están pendientes dentro del sistema penitenciario. El legislador fue enfático al declarar que es imperativo conocer con exactitud de dónde saldrán los fondos antes de proceder con la aprobación de una medida de tal magnitud, subrayando que no se puede otorgar un subsidio si esto significa afectar áreas prioritarias para el bienestar nacional.
Asimismo, el diputado indicó que la iniciativa aún presenta vacíos técnicos y aspectos por definir, especialmente en lo referente a la cobertura del beneficio. Según la información disponible, la propuesta actual contempla un aporte de Q12 por galón para el diésel y de Q3 para la gasolina regular, dejando fuera del esquema de subsidio a la gasolina súper.
Finalmente, el tema de los combustibles se ha posicionado como uno de los asuntos más sensibles y urgentes en la agenda del Congreso. Aunque la discusión sobre el subsidio podría avanzar en el pleno en los próximos días, diversos bloques legislativos han coincidido con la postura de análisis profundo, manifestando la necesidad de revisar los detalles técnicos y financieros antes de emitir un voto. Todo esto ocurre en un marco de creciente malestar ciudadano debido al aumento de los precios y a las críticas hacia la capacidad de respuesta del Gobierno ante la crisis.
