El Gobierno nacional se enfrenta a un momento crucial este jueves en relación al financiamiento de las universidades nacionales. A las 9:30 de la mañana, la Casa Rosada deberá realizar un desembolso de 2,5 billones de pesos para evitar caer en un desacato judicial, una situación que ya no admite más postergaciones. Esta cifra, considerada internamente por el oficialismo como el acta de defunción del déficit cero , separa el equilibrio fiscal buscado por el presidente Javier Milei del colapso operativo de las instituciones de educación superior.
Franco Bartolacci, desde el espacio QR! , advirtió sobre la gravedad de la crisis universitaria, anunciando que de no obtener respuestas concretas, se convocará a una manifestación nacional en el mes de mayo.
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que, actualmente, los fondos necesarios simplemente no están disponibles. La responsabilidad de redistribuir las partidas recae ahora en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá encontrar una solución para dosificar un pago que el Ejecutivo había considerado inasumible. La derrota legislativa que anuló el veto presidencial el año pasado se ha transformado en un complejo laberinto judicial, donde la administración libertaria ha perdido en todas las instancias previas. La última opción es un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, una estrategia que, según los propios analistas del Gobierno, tiene una probabilidad de éxito altamente improbable .
El conflicto se centra en la interpretación del efecto suspensivo . Mientras el Gobierno intentó que la apelación frenara la transferencia de fondos, los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sostienen que, sin una orden expresa de la Cámara, el Ejecutivo está obligado a realizar el pago a partir de mañana mismo. La discusión jurídica ha citado casos como César Arias y AEDBA para intentar obtener una pausa, pero la realidad procesal indica que la Casa Rosada debe cumplir con la cautelar de manera inmediata. En los pasillos del poder, la resignación comienza a superar la idea de un recorte drástico, y ya se está considerando un esquema de pagos escalonados para evitar un desembolso total de una sola vez.
La urgencia judicial se justifica por el deterioro sistemático de los salarios del personal docente y no docente, que han experimentado un aumento del 158% frente a una inflación del 280% desde la asunción de Milei. Según informes del ámbito académico, esta brecha ha provocado la pérdida de más de siete sueldos mensuales por trabajador en el último año y medio. Las transferencias a las universidades han disminuido en un 45,6% en términos reales, un ajuste que los gremios y rectores consideran fatal para el funcionamiento básico de la educación superior.
Dentro del gabinete, las críticas se han dirigido hacia el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Funcionarios de alto rango consideran que su gestión fue insuficiente para confrontar con las agrupaciones estudiantiles y los sindicatos, lo que permitió que el conflicto escalara hasta instancias judiciales irreversibles. La estrategia de ignorar la normativa sancionada por la oposición ha llegado a su límite operativo.
El Gobierno nacional mantiene la única potestad sobre el financiamiento universitario, tras la transferencia de las demás competencias educativas a las provincias hace décadas. Al ser la única caja escolar bajo su control, el recorte en este sector se ha convertido en un símbolo del plan de ajuste de Javier Milei. Sin embargo, el revés en la Cámara Contencioso Administrativo Federal obliga a la administración pública a cumplir de inmediato con la actualización salarial retroactiva a diciembre de 2023.
Quince universidades han respaldado el proyecto de la Corte Suprema para acabar con las arbitrariedades en la elección de jueces.
La cautelar que el Ejecutivo debe acatar mañana exige la actualización inmediata de los programas de becas y la recomposición de los haberes docentes hasta la sanción de la ley en 2025. El CIN ha remarcado que la pérdida del poder adquisitivo del orden del 32% es insostenible para el personal de las universidades. Ante esta situación, la posibilidad de llamar a paritarias de emergencia se perfila como la primera medida que el Gobierno podría tomar para evitar un desacato total.
En el plano judicial, el recurso extraordinario federal plantea tres escenarios específicos donde la Corte podría intervenir, pero los especialistas coinciden en que el máximo tribunal no fallará a favor de eximir al Estado del pago.
El costo de 2,5 billones de pesos representa un desafío técnico para la Jefatura de Gabinete, que ahora busca vías alternativas de financiamiento para no comprometer la meta del superávit. El oficialismo logró frenar leyes similares en 2024, pero la cohesión de los bloques dialoguistas y opositores en 2025 selló el destino de la normativa tras la insistencia parlamentaria.
