Vitoria, 17 de abril de 2024 La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, defendió este viernes que las progresiones de grado concedidas a presos de ETA se ajustan estrictamente a la legislación penitenciaria, desvinculándolas de cualquier estrategia política o privilegio. La declaración se produjo en el marco de un pleno de control en el Parlamento Vasco, donde la representante de Vox, Amaia Martínez, cuestionó la opacidad que, según su acusación, rodea estas decisiones y su posible conexión con pactos de la verg enza entre PNV, PSE y antiguos miembros de ETA.
Martínez, durante su intervención parlamentaria, criticó la falta de transparencia en el proceso de concesión de progresiones de grado, amparándose en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La representante de Vox argumentó que esta opacidad busca ocultar que las decisiones se toman en base a acuerdos políticos cuestionables, generando un profundo malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. Asimismo, insistió en el derecho de las víctimas a conocer si los presos han mostrado un arrepentimiento genuino, si se han desvinculado completamente del entorno terrorista y si han colaborado activamente con la justicia en la resolución de casos pendientes.
La consejera San José respondió a las acusaciones enfatizando que las progresiones de grado se otorgan únicamente cuando se cumplen los requisitos legales establecidos y se acredita una evolución personal y penitenciaria favorable por parte del preso. Subrayó que, en el caso específico de delitos de terrorismo, la ley exige requisitos adicionales y más rigurosos que en otros tipos de delitos, garantizando una mayor cautela y supervisión en el proceso.
San José también destacó la relación fluida y constante que mantiene el Gobierno Vasco con las asociaciones de víctimas, reafirmando el compromiso de la administración con la memoria de las víctimas y la búsqueda de una convivencia pacífica. En este sentido, argumentó que la situación actual, en la que la amenaza terrorista ha cesado, exige un enfoque que priorice la convivencia, el respeto a la memoria de las víctimas y la reinserción social de los presos, siempre dentro del estricto cumplimiento de la legalidad vigente.
La consejera insistió en que las progresiones de grado no son una muestra de indulgencia o un premio a los presos de ETA, sino una herramienta contemplada en la legislación penitenciaria para favorecer la reinserción social de aquellos que han demostrado un cambio real en su comportamiento y una ruptura con el pasado terrorista. Sin embargo, reconoció la sensibilidad que este tema genera entre las víctimas y reiteró el compromiso del Gobierno Vasco de mantener un diálogo abierto y transparente con las asociaciones de víctimas para atender sus preocupaciones y garantizar que sus derechos sean respetados.
La discusión en el Parlamento Vasco refleja la persistente controversia que rodean las políticas penitenciarias relacionadas con los presos de ETA, incluso años después de la disolución de la organización terrorista. Las asociaciones de víctimas han expresado en numerosas ocasiones su rechazo a las progresiones de grado, argumentando que los presos no han mostrado un arrepentimiento sincero y que su liberación representa un riesgo para la sociedad. Por otro lado, algunos sectores de la sociedad abogan por una política penitenciaria más flexible, argumentando que la reinserción social de los presos es fundamental para consolidar la paz y la convivencia.
El debate sobre las progresiones de grado de los presos de ETA se enmarca en un contexto más amplio de revisión del legado del terrorismo en España y de búsqueda de una solución justa y duradera para todas las partes afectadas. El Gobierno Vasco se enfrenta al reto de equilibrar las exigencias de justicia y reparación para las víctimas con la necesidad de avanzar hacia una reconciliación nacional y una convivencia pacífica. La consejera San José defendió que el Gobierno Vasco está comprometido con ambos objetivos y que actuará siempre dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
La insistencia de la consejera en la legalidad del proceso contrasta con las acusaciones de Martínez, quien continuó presionando para que se revele información detallada sobre los criterios utilizados para conceder las progresiones de grado y sobre la evolución personal y penitenciaria de cada preso. La representante de Vox argumentó que la falta de transparencia alimenta la desconfianza y el resentimiento entre las víctimas, dificultando el proceso de curación y reconciliación.
El Gobierno Vasco ha reiterado su disposición a colaborar con las asociaciones de víctimas y a proporcionarles toda la información que sea posible dentro de los límites legales. Sin embargo, ha advertido que la divulgación de información confidencial sobre los presos podría vulnerar sus derechos y poner en riesgo su seguridad. La consejera San José concluyó su intervención reafirmando el compromiso del Gobierno Vasco con la defensa de los derechos de las víctimas y con la construcción de una sociedad más justa y pacífica.
