El Gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, delegó en nueve provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. La medida, formalizada a través del Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, beneficia a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Esta decisión se toma en reconocimiento al apoyo de los gobernadores de estas provincias Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, respectivamente a las iniciativas oficiales en el Congreso, habiendo sido claves en diversas votaciones legislativas del oficialismo.
El decreto permite a las provincias asumir la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos viales federales, sin que esto implique la transferencia del dominio público o de la jurisdicción federal sobre dichos tramos. La base legal de esta delegación se encuentra en el artículo 1 de la Ley N 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo a delegar sus competencias concesionales a las jurisdicciones que considere pertinentes. La delegación es de carácter funcional, limitado, temporal y, fundamentalmente, revocable.
Para ejercer estas nuevas atribuciones, cada provincia deberá suscribir un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Este convenio deberá detallar los tramos a gestionar, los plazos de ejercicio, el régimen de supervisión y auditoría, y la obligación de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo que pudiera surgir. La DNV evaluará la viabilidad técnica y económica de cada propuesta provincial antes de su aprobación.
Una vez que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía apruebe el convenio, la provincia tendrá un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios. Tras la adjudicación, dispondrá de 90 días hábiles para suscribir el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria. La inacción provincial tiene consecuencias: si el proceso de selección no se convoca dentro del plazo establecido, la delegación sobre ese tramo decaerá automáticamente. De igual manera, si el contrato de concesión se extingue por cualquier motivo, la gestión del tramo regresará al Estado Nacional.
El decreto establece una restricción crucial en el artículo 7 : los fondos recaudados a través del peaje solo podrán destinarse a la construcción o conservación del mismo tramo concesionado. No se permitirá su utilización en obras de otros segmentos viales, incluso si existe una conexión física o técnica entre ellos. Esta medida busca asegurar que los recursos generados por el peaje se reinviertan directamente en la mejora de la infraestructura por la que se cobra.
La supervisión y auditoría de los contratos de concesión quedará exclusivamente bajo la responsabilidad de la DNV, según lo establecido en el artículo 6 del decreto. La DNV será la autoridad de aplicación en materia de contratos de concesiones viales, velando por el cumplimiento de las condiciones establecidas para las facultades y obligaciones delegadas a las provincias. Este mecanismo tiene como objetivo garantizar que la descentralización operativa no comprometa la integridad del sistema vial nacional.
El decreto también contempla la posibilidad de que el Estado Nacional retome la gestión de un tramo vial si razones de interés público así lo exigen. En estos casos, la autoridad de aplicación notificará a la provincia para que finalice la relación contractual con el concesionario o coordine la transferencia de la gestión a la administración federal.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no fueron incluidas en el decreto original podrán solicitar facultades similares al Ministerio del Interior, el cual evaluará cada solicitud según los criterios establecidos en la norma.
Esta iniciativa se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley de Bases N 27.742, que promueve la reorganización y optimización del sector público, así como la articulación entre la Nación y las jurisdicciones locales para una gestión más eficiente de la infraestructura. La medida busca descentralizar la gestión de las rutas nacionales, agilizar la ejecución de obras viales y fortalecer la relación entre el gobierno nacional y las provincias que han demostrado un alineamiento político con el oficialismo. Se espera que esta delegación de competencias impulse el desarrollo de la infraestructura vial en las provincias beneficiadas y contribuya a mejorar la conectividad y el transporte en todo el país. La clave del éxito radicará en la efectiva coordinación entre la DNV y las provincias, así como en la transparencia y la eficiencia en la selección de los concesionarios.
