La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a la firma auditora Deloitte y a su socio, Roberto Leiva, por deficiencias en la auditoría de los estados financieros de Primus Capital correspondientes al año 2022, el último informe previo al descubrimiento de un fraude que alcanzó los US$ 100 millones. La decisión, formalizada a través de la Resolución Exenta N 3913, responde a la falta de estándares adecuados de cuidado y diligencia en el ejercicio de la auditoría, según determinó el organismo regulador.
El caso Primus Capital estalló hace tres años, cuando la empresa de factoring reveló la existencia de operaciones fraudulentas protagonizadas por su entonces gerente general, Francisco Coeymans, y el director comercial, Ignacio Amenábar. Este fraude generó un perjuicio significativo para los accionistas y desencadenó una serie de acciones legales en diversas instancias judiciales.
En mayo de 2025, la CMF ya había sancionado a Francisco Coeymans con UF 50 mil por proporcionar información falsa sobre la situación financiera de Primus Capital, tanto al público como al propio regulador. Sin embargo, la investigación sobre el rol de Deloitte, como auditora de la empresa, permanecía pendiente hasta ahora.
La CMF, bajo la presidencia de Catherine Tornel, determinó que Deloitte y Roberto Leiva no cumplieron con los estándares necesarios en la obtención y evaluación de evidencia de auditoría, la documentación adecuada del trabajo realizado y la aplicación del escepticismo profesional durante la auditoría de los estados financieros de Primus al 31 de diciembre de 2022.
La resolución de la CMF enfatiza que la conducta de la firma auditora y de su socio evidencia deficiencias en el cumplimiento de los estándares , lo que impactó negativamente en la calidad y transparencia de la información disponible en el mercado de valores. Las deficiencias detectadas impidieron que la información financiera de Primus Capital reflejara adecuadamente su situación real, afectando la confiabilidad de la misma para los usuarios.
El organismo regulador calificó las conductas como graves , argumentando que revelan una falta de cuidado, diligencia, juicio y escepticismo profesional en una actividad crucial para el correcto funcionamiento del mercado, como es la labor de las empresas de auditoría externa.
En consecuencia, la CMF impuso una multa de UF 2 mil a Deloitte (aproximadamente $79,8 millones al cierre de esta edición) y una sanción de UF 1.000 a Roberto Leiva (casi $40 millones).
La clave de la investigación, según la CMF, residió en el arqueo o revisión de cheques y otros documentos que sustentaban las operaciones de Primus Capital, y que fueron los principales instrumentos utilizados en el fraude perpetrado por los exdirectivos Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar.
El regulador señaló que el cheque, por su propia naturaleza, presenta un riesgo inherente debido a su formato físico, su manipulabilidad y su falsificabilidad. Por lo tanto, los controles para verificar la existencia de estos documentos eran fundamentales, pero no fueron observados por la auditora.
Deloitte, en una declaración escrita, expresó su respeto por el rol de la CMF y sus procesos institucionales, pero discrepó con las conclusiones de la sanción, argumentando que no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría.
La firma auditora argumentó que la sanción pretende atribuir a un auditor deberes de autenticación de cheques, lo cual no forma parte de sus responsabilidades ni de su función detectar fraudes internos en la empresa auditada.
Deloitte enfatizó que el fraude fue diseñado y ejecutado por altos ejecutivos de Primus Capital, lo que pone en tela de juicio la falta de control y supervisión por parte de los órganos internos de la empresa, incluyendo su directorio.
Finalmente, Deloitte informó que evaluará las opciones legales disponibles para impugnar la resolución, reafirmando su compromiso con los más altos estándares profesionales, la transparencia y la confianza pública.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la diligencia debida y el escepticismo profesional en la labor de las auditorías, así como la necesidad de fortalecer los controles internos en las empresas para prevenir y detectar fraudes. La sanción a Deloitte y a Roberto Leiva envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de las empresas de auditoría en la protección de la integridad del mercado financiero. La investigación y las sanciones derivadas del caso Primus Capital continúan generando repercusiones en el mercado, y se espera que sirvan como un precedente para fortalecer la supervisión y regulación del sector financiero en Chile.
