La investigación del caso Koldo ha revelado, por primera vez con documentación, la extensión de las presuntas actuaciones irregulares más allá de las fronteras españolas, coincidiendo con el punto álgido de la pandemia de COVID-19. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al sumario judicial, detalla cómo el empresario Víctor de Aldama habría utilizado su relación con Koldo García, entonces asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para intentar abrir vías de negocio en República Dominicana durante el verano de 2020.
Según el documento policial, al que ha tenido acceso Infobae, Aldama ejerció una presión constante sobre Koldo García para que facilitara una llamada telefónica entre Ábalos y el entonces recién elegido presidente dominicano, Luis Abinader. El objetivo de esta gestión era promover operaciones relacionadas con el suministro de material sanitario para combatir la COVID-19. En uno de los mensajes intercambiados, el empresario llegó a expresar su impaciencia de forma contundente: Llamar al puto presidente de RD .
Los investigadores consideran que estas gestiones se enmarcan dentro de una dinámica preexistente de relación entre Aldama y el asesor ministerial. La UCO sostiene que Aldama habría abonado a Koldo García cantidades periódicas en efectivo desde al menos octubre de 2019, describiendo estos pagos como una suerte de nómina destinada a obtener favores.
El informe policial detalla minuciosamente el intercambio de mensajes de WhatsApp entre ambos durante el mes de julio de 2020. El 8 de julio, Aldama envió a Koldo el número de teléfono personal de Abinader, junto con instrucciones claras sobre la urgencia de la gestión. Todo el mundo tiene el político y este es el personal , le comunicó, enfatizando la importancia del contacto directo. En el mismo mensaje, solicitó ser informado con antelación sobre el momento en que el entonces ministro realizara la llamada.
Las conversaciones también revelan incertidumbre sobre la mejor manera de establecer ese contacto. Koldo García planteó la posibilidad de estar presente durante la llamada o incluso realizarla desde su propio teléfono, mientras que Aldama, alegando que se encontraba fuera de Madrid, propuso una alternativa a tres bandas para evitar demoras en la comunicación. Las cosas se enfrían , advirtió en uno de sus mensajes, insistiendo en la necesidad de actuar con rapidez.
En los días siguientes, el empresario continuó presionando al asesor. El 9 de julio, Aldama volvió a preguntar por el estado de la gestión y recibió la respuesta de que estaba en ello . Sin embargo, ante la falta de avances, intensificó el tono en sus comunicaciones, llegando a instar de manera imperativa a que se realizara la llamada al mandatario dominicano. Finalmente, el 14 de julio, Koldo García confirmó que el contacto se había producido.
La Guardia Civil considera que estas gestiones marcaron el inicio de una relación que derivaría, meses después, en contactos directos entre el entorno empresarial de Aldama y las autoridades dominicanas. En concreto, el informe señala que en noviembre de 2020, Ignacio Díaz, socio de Aldama, se dirigió directamente a Abinader a través de WhatsApp para presentarse y ofrecer servicios relacionados con la lucha contra la pandemia.
En ese mensaje, Díaz expuso la capacidad de su empresa para suministrar material sanitario, reactivos y maquinaria, así como para desplazarse al país caribeño con el fin de implementar dichos servicios. También aseguró que su organización ya colaboraba con instituciones españolas, incluyendo el Ministerio y el Gobierno, así como en entornos aeroportuarios.
Los investigadores concluyen que estas gestiones culminaron en un acuerdo contractual entre sociedades vinculadas a Aldama y la República Dominicana para la prestación de servicios sanitarios. La UCO subraya que este hecho evidencia que las presiones iniciales para facilitar contactos institucionales tuvieron una traducción práctica en operaciones comerciales.
El contexto de estos hechos se sitúa en la fase más crítica de la pandemia, cuando la demanda internacional de material sanitario era extremadamente alta y los gobiernos buscaban proveedores con urgencia. La investigación judicial busca determinar si estas operaciones se llevaron a cabo dentro de los límites legales o si, por el contrario, estuvieron influenciadas por una red de influencias que operó tanto en España como en el extranjero.
El caso, que actualmente se encuentra en fase de enjuiciamiento en el Tribunal Supremo en lo relativo a ciertas partes, continúa ampliando su alcance a medida que se incorporan nuevos informes policiales. La documentación conocida hasta ahora apunta a un entramado en el que las relaciones personales y profesionales habrían desempeñado un papel fundamental en la intermediación de contratos públicos en un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes. La investigación sigue en curso para esclarecer la totalidad de las circunstancias y responsabilidades en este complejo caso.
